La pretensión del Gobierno de implantar en España el estado de alarma durante un desmesurado período de medio año es un paso más en la inquietante deriva autoritaria emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La aplicación de la medida excepcional es la consecuencia de que, a pesar de haberse comprometido a ello, el Gobierno no haya hecho absolutamente nada durante siete meses para reformar la legislación sanitaria, de manera que las autonomías puedan aplicar restricciones de movilidad y de derechos fundamentales en caso de pandemia sin necesidad de recurrir a medidas constitucionalmente excepcionales o depender del control de un juez. La propagación del covid-19 ha desbordado todas las previsiones de un Gobierno que en julio presumía de haber «vencido al virus». Pero no hay ninguna razón para que el estado de alarma se decrete por seis meses. Y, si desgraciadamente fuera necesario mantenerlo hasta el mes de mayo, el Ejecutivo debería solicitar la prórroga al Congreso tras obtener la autorización para aplicarlo durante un período de tiempo razonable.
De aprobarse en los términos que plantea el Gobierno, la capacidad del poder legislativo de controlar al Ejecutivo quedaría prácticamente suspendida en España durante medio año. Lo que Sánchez e Iglesias solicitan equivale en realidad a extenderles un cheque en blanco para gobernar por decreto sin control judicial y político durante seis meses. Esa intención de eludir la vigilancia del poder legislativo durante tan largo período de tiempo resulta aún más inquietante por el hecho de llegar inmediatamente después de que el líder del PSOE y el de Unidas Podemos hayan intentado someter al poder judicial a su mayoría de investidura, en la que participan los partidos independentistas catalanes y los herederos de ETA, mediante la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma que el Gobierno se ha visto obligado a retirar ante las presiones de la Unión Europea, que veía en ella una amenaza para el Estado de derecho. Un vergonzante episodio que ha lesionado la imagen de España.
Ahora, la intención de extender el estado de alarma, el toque de queda y sus devastadoras consecuencias económicas durante medio año lastra también la reputación del país, destruye cualquier esperanza de recuperación del turismo y el consumo en Navidades, e incluso en Semana Santa, y extiende innecesariamente la apariencia de un país incapaz de reconducir la crisis sanitaria ni siquiera a largo plazo. Es necesario acotar a lo imprescindible las medidas excepcionales. La pandemia no puede servir de argumento para que el Gobierno eluda el control parlamentario durante medio año. Y menos, cuando Sánchez se lanza ya a aprobar unos presupuestos que, para su aprobación, van a conllevar cesiones tan graves a los enemigos de España como el indulto a los presos condenados por sedición, la reforma a la baja de ese delito en el Código Penal o el traspaso al País Vasco de las competencias en materia de prisiones.