Inexplicablemente el actual presidente del Partido Popular sigue situado en el «ni arre ni so» ante la moción. Ni sigue a Aznar y la FAES, ni se anima a sumarse a Esperanza Aguirre y los suyos, obviamente más próximos y consentidores con Abascal y Vox, como se ve en sus relaciones pasadas y en su llamamiento a la abstención.
La posición de Pablo Casado -«esta moción no me importa nada»-, no es explicable para una buena parte de su partido, porque muy a su pesar tendrá que situarse en un debate donde tanto Gobierno como Vox tienen oportunidades de intervenir sin limitación.
La tardanza entre el anuncio, hace tres meses, y la ejecución de la moción la sitúa en unos tiempos políticos bien diferentes. En julio había una tendencia, poco equilibrada, al optimismo ante la pandemia. Ahora la pandemia y los desencuentros entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España por las medidas para controlar la segunda ola del virus generan una mayor inestabilidad política, no solo en la desafección de los ciudadanos que sitúan a sus políticos como primer problema de España, sino en las relaciones entre los partidos de la derecha que gobiernan con el Partido Popular en Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León. Porque ya no son los tiempos de la plaza de Colón. Rivera pagó su soberbia política y Arrimadas, al frente del disminuido Ciudadanos, aligeró los fardos con los que su partido cargó en su estrategia de la plaza de Colón, y ni por asomo se vislumbra en su intervención la más mínima complacencia con la posición de Vox.
Vox sabe que la moción será testimonial. Ellos pretenden que la situación política y social se polarice en contra del Gobierno de Sánchez, y es en ese escenario polarizado donde el Partido Popular de Casado tiene todas las dificultades para situarse. Uno no duda de que a Pablo Casado el cuerpo le pida reforzar esa polarización, en la que tan cómoda se encuentra Ayuso. Por más que el Partido Popular de Ayuso incurre al tiempo en mal gobierno y peor gestión, como evidencia la situación de la pandemia en Madrid y los diez altos cargos de su política sanitaria que dimitieron. El problema de Casado y también de los otros dirigentes del Partido Popular, como Núñez Feijoo, Moreno Bonilla, o Fernández Mañueco, está en determinar su estrategia. Porque por parte del Gobierno la moción de Vox obligará a responder con un discurso comprometido y bien articulado sobre los graves problemas del momento, como el sanitario, la crisis económica, o el bloqueo institucional. Sin insistir en ese «peor remedio» de cambiar las leyes del Poder Judicial, combustible para ese rumor que recorre Europa sobre España, alimentado con insensatez por algunos del Partido Popular, considerándola un estado fallido. Un discurso mezquino porque, si tal fuera, la responsabilidad vendría de largo y compartida entre PP y PSOE, pero sobre todo gravemente antidemocrático, en la medida en que su objetivo es debilitar la democracia de 1978. Los discursos y los votos a la censura nos dirán quiénes lo sostienen.