La (des)vergüenza del (vice)presidente

Javier Guerra EN LÍNEA

OPINIÓN

Mariscal

17 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Nunca, pero mucho menos en medio de la peor crisis de la historia reciente, España puede permitirse tener a un vicepresidente del Gobierno en activo bajo el foco de la justicia. La realidad es que el magistrado que tramita el caso Dina considera que Pablo Iglesias tiene que ser imputado por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravantes de género, daños informáticos y denuncia falsa. Y si el juez que entiende de este asunto no lo acusa ya, como haría con cualquier ciudadano, es por su condición de aforado. Si la justicia sigue un proceso lógico, el Tribunal Supremo tendrá que respetar la investigación que está haciendo el juez instructor, que es el que ha dedicado su tiempo y conocimientos a desentrañar este feo asunto.

Respeto a la presunción de inocencia, decir que en este caso no estamos hablando de eso. Efectivamente, será un juez quien, en última instancia, determine si Iglesias es culpable de lo que se le acusa. El problema, en este caso, es que hablamos del vicepresidente del Gobierno que debe, desde luego, ser respetuoso con la ley, pero que, además, debe demostrar honestidad y buena fe en sus actuaciones. El mero hecho de que el juez que entiende del asunto considere que debe ser imputado y, sobre todo, se interprete el fondo del asunto (que es el uso político del caso), parece suficiente para que el presidente del Gobierno tome lo que podríamos llamar «medidas políticas preventivas». El Gobierno de España, que representa al Estado, no debe correr ese riesgo. La justicia tiene sus cauces, pero la política también. Y no tienen por qué coincidir. La política debe ser más exigente porque la responsabilidad es algo que te lleva a obrar no solo bajo el escrutinio de la ley, sino también bajo el de los ciudadanos. Y, en este momento, no contribuye en nada a la credibilidad y reputación de nuestro Gobierno que el juez instructor de una causa penal considere que uno de sus vicepresidentes tiene que ser imputado.

Está claro que Iglesias no quiere dimitir. Pero es responsabilidad del presidente velar por la reputación del Gobierno. Y esa reputación está hoy en entredicho. Sánchez debe apartar inmediatamente a Iglesias del Gobierno de España como un acto de responsabilidad. Debe hacerlo porque las noticias que se leen en los periódicos españoles e internacionales sobre el procesamiento del vicepresidente están empañando una imagen que España debe proteger escrupulosamente en este momento.