El cerrojo, el cerrajero y la Constitución

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

POOL. Luis DiazLa Razón

15 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La Constitución es taxativa: el mandato del Consejo del Poder Judicial expira a los cinco años. Hace dos años, por tanto, que el gobierno de los jueces se encuentra en funciones. Una amplia mayoría del Congreso -187 diputados- exige que se cumpla la carta magna. El PP veta la renovación. El PSOE y Unidas Podemos intentan remover el pedrusco de bloqueo con la única palanca legítima de que disponen: la modificación de la ley orgánica de 1985. Las derechas ponen el grito en el cielo: el Gobierno pretende tomar la justicia por asalto. Y anuncian, preventivamente, una batería de recursos de inconstitucionalidad.

La razón del bloqueo resulta evidente. El PP tiene -o cree tener- el control de los órganos jurisdiccionales clave. En el Consejo o en la Sala Segunda del Supremo hay más jueces conservadores que progresistas. El PP no está dispuesto, por una minucia constitucional, a negociar su preciado y último reducto de poder. Menos aún cuando gran parte del negocio político -querellas por la pandemia, caso Dina o cloacas del Estado- se dirime en los tribunales.

Pero hay todavía otro considerando a favor del bloqueo: el percal de los jueces. No son de fiar. Los nombras por su talante conservador o progresista y al día siguiente se creen «independientes», simplemente porque así lo dice la Constitución. Muchos muerden la mano, popular o socialista, que les dio de comer. El PP ya ha sufrido numerosos escarmientos en este sentido. Nombra vocal del Consejo del Poder Judicial a Grande-Marlaska y el desagradecido se va de ministro con el felón Pedro Sánchez. Catapulta a la presidencia del Tribunal Constitucional a Pérez de los Cobos y este, aunque mantiene el carné del PP en la cartera, refrenda con su voto la constitucionalidad del matrimonio homosexual. El último desengaño se produjo en el 2018. PP y PSOE pactan el nuevo Consejo: once vocales para los socialistas, diez para los populares y Marchena de presidente. Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, explica por wasap las bondades del acuerdo: «Obtenemos lo mismo numéricamente» y el presidente controlará «por la puerta de atrás» el juicio del procés. El conservador Marchena, indignado, da el plantón con un argumento irrebatible: «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política». Pablo Casado respiró aliviado al escucharlo: de buena nos hemos librado, otro que nos hubiera salido rana. El líder del PP se propuso entonces abrazar la regla ignaciana y no hacer mudanza en tiempo de desolación. Y echó el cerrojo.