El intento del Ejecutivo de modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder General Judicial (CGPJ) para que la mayoría de investidura pueda designar a doce de sus veinte vocales sin contar con el primer partido de la oposición es un alarmante punto de inflexión en la deriva autoritaria emprendida por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos desde su llegada al poder. Primero fue el nombramiento de una ministra y diputada del PSOE como fiscala general del Estado, lo que lamina cualquier apariencia de imparcialidad. Después, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, arremetió contra la judicatura, a la que tachó directamente de prevaricadora sin que Pedro Sánchez le corrigiera. Y luego llegó el intento de deslegitimar desde el Gobierno al jefe del Estado, acusándolo de golpista y de maniobrar en contra del Ejecutivo. Episodios todos ellos de la máxima gravedad.
Pero el asalto directo al poder judicial, perpetrado además saltándose todos los controles democráticos al eludir mediante una añagaza parlamentaria los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que serían preceptivos en caso de que se tratara de una iniciativa del Gobierno, supone ya, sin embargo, una seria amenaza para la democracia, que sitúa al Ejecutivo español no ya a la altura de los gobiernos europeos menos respetuosos con las libertades, como Polonia o Hungría, sino a la de regímenes populistas bolivarianos, cuyo objetivo es imponer sus ideas sometiendo a la Justicia, obviando la separación de poderes y eludiendo cualquier control democrático. Esta iniciativa autoritaria llega después de que el Gobierno anunciara una modificación exprés del Código Penal para liberar a los secesionistas condenados por sedición. De prosperar el asalto al CGPJ, la Justicia estaría controlada por los separatistas catalanes y los herederos de ETA, que podrían vetar a cualquier vocal, ya que el Gobierno necesita sus votos para consumar su atropello al Estado de derecho. El fraude a la democracia llega además en medio de una pandemia que ha acabado con la vida de 50.000 españoles tras una gestión pésima y poco transparente del Gobierno, de la que no cabe descartar un responsabilidad penal, y no casualmente cuando el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, está a las puertas de una posible imputación en el Tribunal Supremo.
La doctrina del Tribunal Constitucional, que establece como una necesaria «cautela» democrática que el CGPJ sea elegido por una mayoría de tres quintos de las Cortes, tumbará probablemente el asalto al poder judicial por parte del Gobierno. Pero el daño causado a la imagen internacional de la democracia española es irreparable. El Gobierno ultraderechista polaco utilizó ya ayer la iniciativa del Ejecutivo español para desacreditar cualquier intento de la Unión Europea de aplicarle sanciones por un control de la cúpula judicial que resulta incluso menos descarado que el que intentan perpetrar el PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno de coalición ya no es solo ineficaz y sectario. Es un descrédito para la democracia española.