La ministra Calviño anunció diez palancas de trabajo que sustentarán el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, aquel de los 140.000 millones de euros disponibles para España. Entre ellas insistía en una de principal necesidad: la repetida modernización de la Administración pública y la de los sectores empresariales. Con unas administraciones públicas de baja eficacia, acentuada por la desmovilización provocada por la pandemia y el confinamiento, no sorprende que el presidente del Gobierno anuncie que «eliminará los principales cuellos de botella operativos para que la eficacia en la gestión de los fondos europeos sea la que necesitamos». Y sorprende que tal remedio sea anunciado también por el Gobierno de Antonio Costa en Portugal, allí con debate político por medio que alcanza al presidente del Tribunal de Contas portugués y su relevo, incluyendo para ello consultas al líder de la oposición y su conformidad. Medidas dicen de desbloqueo de una administración ineficiente, pero de las que se desconoce si el remedio será peor que la enfermedad. Porque si escribo «Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios», no dudo que para la mayoría del común será un ente desconocido. Incluida su supresión hace tres años por el Gobierno de Rajoy. Sin pena, ni mayor déficit para el Parlamento, los políticos y los ciudadanos, necesitados de datos fiables.
Por más que la evaluación pareciera imprescindible en la modernización de las administraciones siempre ha sido esquivada por todos los 17+1 gobiernos de los que estamos dotados, junto con las diputaciones y concellos. Todos ellos, más algunas instituciones privadas —asombra la Confederación de Empresarios de Galicia—, e incluso judiciales, sin tener una mala evaluación que llevar a su formulación de objetivos, a la idoneidad de su personal, o en la proyección de resultados. Un verdadero desaguisado, por más que hayamos abordado una compleja configuración del estado casi federal, incluida la integración en la Unión Europea. Un desaguisado en el que caben además de todos los datos del covid para la adecuada confrontación, un deficitario conocimiento de la ejecución de los fondos europeos, o un sinfín de datos necesarios para un buen gobierno.
Por ello soñar en gestionar con eficacia los 140.000 millones del fondo europeo con una estructura de gestión por definir, sin antes abordar una profunda y aquilatada reforma de las administraciones públicas nos mantendrá en la ineficacia.
Véase ahora mismo el covid y su gestión del que depende nuestra vida. Salvo que la confusa opacidad de los datos sea necesaria para que no estorbe en los particulares intereses. A mayor gloria hoy de la castiza presidenta Ayuso, heroína de un Madrid en el que los datos —cual mareas— están sometidos al influjo de las lunas.