La Unión Europea y el Gobierno de España han puesto el ojo, y los fondos, en la digitalización y la transición energética. En Galicia acabamos de realizar un estudio de impacto social y económico del sector eólico que hemos hecho público. Siete mil empleos, el 0,9% del PIB gallego, 120 millones de euros en impuestos -de los que la mitad se quedan en Galicia_ son magnitudes que dan idea de su relevancia. Por otra parte, la producción eólica evitó el año pasado la emisión a la atmósfera de 5,4 millones de toneladas de CO2, cantidad que además supuso un ahorro superior a los 150 millones de euros en concepto de penalización o derechos de emisión.
Se trata de una industria que favorece el desarrollo y progreso del medio rural en más de un centenar de ayuntamientos en los que hay instalados aerogeneradores. Porque no solo hablamos de una fuente renovable y sostenible, sino de una economía sostenible fundamentada en empleo de calidad, es decir, la que fija población. Igualmente poseemos industria puntera, que provee de desarrollos y productos innovadores al sector aquí y fuera. De ahí que sople el viento a favor para que avancemos en la autosuficiencia energética procedente de fuentes limpias. Ahora mismo, la energía eólica genera casi la mitad, el 47 %, de la demanda eléctrica de la comunidad autónoma. Y el reto es llegar al 100 % en cinco años.
Vemos potencia para que, fruto de un trabajo coordinado entre el sector, la sociedad y las administraciones públicas, Galicia desarrolle anualmente 500 MW eólicos nuevos en los próximos años. Estos nuevos proyectos se beneficiarán de las significativas inversiones en I+D llevadas a cabo por el sector desde sus inicios, y así tendrán que ser cada vez más eficientes, más respetuosos con su entorno y con el medio ambiente, generando energía cada vez más barata y manteniendo su contribución al desarrollo industrial en la comunidad. Estamos en el buen camino.