A partir del 2025 -es decir, pasado mañana- se empieza a jubilar la generación del baby boom, la cual es muy abundante, probablemente más longeva, y recibió salarios más elevados que los actuales pensionistas, y por tanto generó derecho a pensiones más elevadas. De modo que, si el sistema sigue funcionando como hasta la actualidad, el gasto en pensiones crecerá más que el PIB año tras año. Esto implica que el gasto se incrementará continuamente -durante quizás dos décadas- más que los ingresos por cotizaciones sociales. Y es aquí donde se encuentra el origen del problema del sistema de pensiones, ya que, evidentemente, esto es insostenible. Tras la derogación de la reforma del 2013, las propuestas que se presentan dentro del Pacto de Toledo van en la línea de traspasar gastos que ahora corren a cuenta de la Seguridad Social hacia el Estado, como las pensiones no contributivas, las bonificaciones a las cotizaciones sociales, e incluso los sueldos del personal de la Seguridad Social.
En primer lugar, esos gastos los tendría que pagar el Estado, así que no habremos eliminado el déficit, simplemente lo habremos transferido a otro sitio. Pero lo que es más importante, eso no cambiará la dinámica fundamental del problema: el gasto en pensiones seguirá creciendo más que los ingresos por cotizaciones. Aunque traspasáramos al Estado tantos gastos que dejáramos hoy a cero el déficit de la Seguridad Social, mañana volvería a abrirse una brecha entre ingresos y gastos, que se ampliaría año tras año.
En realidad, el crecimiento año tras año de la brecha entre ingresos y gastos viene produciéndose desde hace tiempo, pero en los últimos años lo hemos maquillado elevando las cotizaciones sociales por la vía de la subida de las bases mínimas y máximas. Es decir, subiendo los costes laborales. Pero este truco solo se puede usar unos pocos años. Las cotizaciones sociales, que son el impuesto más destructivo de empleo que existe, no se pueden subir todos los años, y mucho menos en un país con una tasa de desempleo estructural del 15 %, y aún menos tras el covid.
Otra propuesta consiste en subir otros impuestos, como el IVA, y destinarlos a las pensiones. Pero esto tiene más implicaciones de lo que parece, ya que rompe con la esencia del sistema de pensiones, que es contributivo y de reparto, lo que obligaría a replantear muchos elementos de su funcionamiento. Además, también impone un coste a la economía, ahora inasumible.
Al final, todas estas propuestas solo son autoengaños para retrasar lo inevitable. La Seguridad Social no dejará de pagar las pensiones, pero tendrá que reducir su cuantía.