La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por los presuntos delitos de denuncia falsa con la intención de obtener un rédito electoral, revelación de secretos y daños informáticos es un hecho de extraordinaria gravedad política que sitúa en una situación muy comprometida no solo al líder de Podemos, sino también al presidente del Gobierno, que es quien tiene en su mano mantenerlo o no en su Consejo de Ministros.
Aunque a Iglesias le asiste como a cualquiera la presunción de inocencia, se trata de acusaciones muy graves que, de aplicarse su propia vara de medir, le obligarían a presentar la dimisión. Y que, en caso de que el Supremo las considerara verosímiles y abriera una causa penal contra él, debería conllevar su renuncia a la vicepresidencia o su destitución por parte del jefe del Ejecutivo. El hecho de que el juez agregue al delito de revelación de secretos el «agravante de género» contra su colaboradora Dina Bousselham añade un grado más de desprestigio a quien se presenta como el paladín de las mujeres.
Lejos de acatar la decisión, y mucho menos de asumir responsabilidad alguna por las graves acusaciones del magistrado y por su petición de que se le investigue, la reacción del vicepresidente del Gobierno y la de su partido es la de cargar una vez más contra la Justicia, que solo es buena cuando les da la razón, y presentarse como víctimas de una conspiración. Un argumento que empieza a convertirse en recurrente, porque resulta que Podemos está imputado también como partido por financiación ilegal y delito electoral, ya que otro juez aprecia indicios «de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados» mediante un «contrato simulado» con el que habría blanqueado 360.000 euros. Y no en una campaña electoral de hace diez años, sino en las generales de abril del 2019. También entonces se trató, según Pablo Iglesias y su partido Unidas Podemos, de una conspiración.
La negativa del líder morado a cumplir su propia vara de medir no debe extrañar, sin embargo, si se tiene en cuenta que al secretario de Organización de Podemos se le ha abierto una causa penal nada menos que por patear a un policía. Y ni Alberto Rodríguez, el presunto pateador, ni Iglesias, se plantean que dimita.
Podemos demuestra una vez más que se cree moralmente superior y políticamente intocable. Mientras condena de antemano a cualquiera que sea citado por la Justicia, Pablo Iglesias considera que puede mantener su cargo aunque se le acuse de denuncia falsa y aunque su partido sea imputado por financiación ilegal. Sus reglas son para los demás. Y él puede, además, tachar de golpista al jefe del Estado, acusar de prevaricadores a los jueces y justificar los insultos a los periodistas sin que ocurra nada. Su comportamiento y su situación judicial comprometen y lastran sin embargo al Gobierno de España. Y, si el Supremo termina imputándolo y no dimite, Pedro Sánchez estará obligado a destituirlo.