La crisis económica provocada por el covid-19 llegó a Portugal en un momento muy inoportuno. Después de años de recuperación, en los que la expansión del PIB se apoyó en el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, sobretodo turísticos, la atracción de inversión y la dinamización de la demanda interna, el impacto de la pandemia se puede llevar por delante gran parte de los progresos realizados.
Hasta ahora Portugal ha gestionado la crisis provocada por la pandemia con bastante éxito. En el plano sanitario, la rápida y en general acertada gestión de los poderes públicos ha mantenido el número de contagios bajo control, con reflejo en un número de fallecidos relativamente reducido. En la esfera económica, la acción del Gobierno moderó los impactos sobre la actividad, el tejido productivo y el mercado de trabajo. Las políticas de concesión de garantías y moratorias de crédito, de garantía de rentas, de suspensión de contratos y de conciliación familiar, entre otras, fueron concebidas en muy poco tiempo y se fueron ajustando a la evolución de la coyuntura con resultados bastante positivos.
Después de la extraña sensación de calma de los meses de verano, la segunda ola de la pandemia empieza a sembrar dudas sobre la sostenibilidad de las medidas de política económica de combate a la crisis y sobre cómo abordar la recuperación. La salida de la crisis será lenta y en los próximos meses se prevé que se acumulen cierres de empresas y que aumente significativamente el desempleo, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, como el turístico, que representa casi el 14 % del PIB, y otros sectores de servicios. Se prevé que los sectores industriales sean capaces de gestionar mejor la disminución de la demanda.
La dinámica de la recuperación de la economía portuguesa dependerá en gran medida de la respuesta de la demanda externa del sector secundario, de la recuperación del turismo, de la evolución de la confianza de los consumidores y sobretodo de la capacidad de diversificación de una parte de su estructura productiva. Para garantizar la inclusividad de la recuperación, el Gobierno debe preparar anticipadamente respuestas sociales para los grupos más afectados por el desempleo y la pérdida de rentas.
Para financiar la recuperación, Portugal dispondrá hasta el 2029 de un elevadísimo montante de recursos comunitarios, alrededor de 57.000 millones de euros, equivalente al 27 % del PIB del país. De esos recursos, alrededor de 15.000 millones corresponden al Plan de Recuperación para Europa.
Tal como el resto de países de la UE, Portugal enfrenta enormes desafíos en los ámbitos sanitario, económico y social, que solamente podrá superar con resiliencia ciudadana, competencia política y solidaridad europea. Una vez más es momento de arrimar el hombro.