Claramente nos encontramos dentro de una segunda ola de contagios por el coronavirus. Esta triste realidad contextualiza las consecuencias de la pandemia hasta ahora y evidencia que la lucha contra el virus es una carrera de fondo hasta que dispongamos de una vacuna efectiva.
La importancia de este fármaco ha conllevado unas presiones sin precedentes sobre la comunidad científica y ha revelado actitudes nacionalistas que priman el beneficio propio, en contraposición a la colaboración internacional necesaria a la hora de frenar el covid-19.
Como herramienta para resistir estas presiones existe un sólido marco regulatorio universalmente aceptado a la hora de evaluar cualquier fármaco, asegurando que se cumplan con diligencia todas las etapas necesarias. Estos protocolos son de obligado cumplimiento a la hora de valorar una vacuna que se podría administrar a toda la población mundial, aunque puedan requerir períodos de tiempo amplios para la finalización de los estudios.
Dado el impacto de la pandemia, existen esfuerzos internacionales para racionalizar la estructura de los ensayos facilitando la obtención de resultados de forma rápida y sin comprometer la seguridad. Entre estas iniciativas se encuentra el solidarity vaccines trial de la OMS, en el que varias vacunas son evaluadas de forma simultánea dentro de un mismo ensayo clínico internacional. Dado que existiría un solo grupo que recibiese placebo (contra el que se compararían todas las vacunas), se reduciría el tamaño de los estudios sin perder datos de eficacia y seguridad. Por otro lado, permitiría valorar la eficacia del fármaco en personas de distintas razas y comparar distintas vacunas dentro del mismo estudio, determinando cuál de ellas tendría un mayor beneficio en caso de haber varias efectivas.
Otro aspecto en el que la colaboración internacional resulta fundamental es a la hora de garantizar la equidad en el acceso entre países. Asumiendo que ninguna vacuna va a ser efectiva al cien por cien y que la duración de la inmunidad puede no ser duradera, existe la posibilidad de que una población vacunada pueda volver a infectarse pasado un tiempo debido al tránsito desde regiones con un gran numero de casos, enfatizando por tanto la importancia de lograr una rápida distribución global. Para afrontar esta problemática el proyecto COVAX, en el que participan 172 países, trata de garantizar la administración de las vacunas a nivel mundial independientemente del nivel de desarrollo. Esta iniciativa lograría disminuir los costes para todos los países, mediante la adquisición centralizada de las vacunas, y es otro ejemplo más de cómo una actitud solidaria puede beneficiar a distintas regiones independientemente de su nivel de desarrollo.
Estos esfuerzos, realizados en tiempo récord, son un ejemplo más de cómo la colaboración internacional es la mejor herramienta contra la presión política y el nacionalismo vacunal.