Administración: más gasto, más responsabilidad, más modernidad


La respuesta a la crisis ha sido contundente y el incremento en el gasto lo llevará hasta niveles que deberían rondar el 50 % del PIB. Una parte importante de este aumento es temporal, ya que irá asociado a sostener el ingreso de aquellos que pierdan su puesto de trabajo (y que con la recuperación volverán a encontrarlo), o forma parte de un subsidio al empleo que irá desapareciendo progresivamente. Otra proporción irá destinada a enfrentar la pandemia del covid-19, y a garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Sin embargo, una vez que pasen las emergencias, puede producirse la tentación de volver lo temporal en permanente y redirigir recursos hacia otros usos. Aquí el riesgo es que las instituciones no garanticen la utilización eficiente de este gasto. Más aún, dada la necesidad de equilibrar las cuentas a medio plazo, esto indudablemente llevaría aparejado un incremento impositivo. Ambos factores podrían suponer efectos negativos sobre la inversión privada y el crecimiento de la productividad.

En este contexto es necesario que en España se establezca una cultura más exigente de rendición de cuentas sobre cómo se reparten los recursos presupuestarios o aquellos que provengan del fondo de recuperación europeo. La modernización de las administraciones públicas debe venir primero por establecer los mecanismos de evaluación de políticas y transparencia, que permitan escoger los proyectos que más beneficien a la sociedad o nos hagan conscientes de los costes de realizarlos o de no llevar a cabo ciertas reformas. En segundo lugar, el sector público debe ser consciente de la responsabilidad que viene con el aumento (temporal) de su tamaño y maximizar los beneficios del gasto. Para ello deberá potenciar la adopción de nuevas tecnologías con el objetivo de promover una recuperación más inclusiva. Un ejemplo son las políticas activas de empleo. Actualmente se dedican relativamente pocos recursos a la formación de parados, en un momento en que será clave la provisión de educación para redirigirlos a sectores donde la demanda se recupere.

Por otro lado es necesaria una mayor coordinación entre administraciones, que reduzca el elevado peso que suponen las crecientes normativas que tienen que cumplir empresas y trabajadores. Finalmente, es fundamental que se explote la gran riqueza de datos que se tiene sobre el mercado laboral y las vacantes, las características de estas y de los demandantes de empleo, etcétera. Esto requerirá una mayor inversión en infraestructura física, pero también en capital humano capaz de utilizar toda esa información en bien de los ciudadanos. Y, por supuesto, significará llevar a la administración pública a lo que ahora es una práctica normal en las empresas más avanzadas del sector privado.

Por Miguel Cardoso Economista jefe para España de BBVA Research

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