Cada año se celebran dos actos que vinculan a la Corona y a la Justicia: la apertura del año judicial en Madrid y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Son, por tanto, dos actos especialmente valorados en el ámbito de la Justicia y en el palacio de la Zarzuela. En lo que recordamos, nunca faltaron ni Juan Carlos I ni Felipe VI. Por eso, la ausencia del monarca mañana en Barcelona tiene un especial valor y está sujeta a multitud de interpretaciones, alguna seguramente disparatada.
Si el lector miró ayer la prensa editada en Madrid, habrá encontrado titulares como estos: «Moncloa excluye al rey. Malestar en el Poder Judicial ante una nueva cesión al independentismo». «Sánchez cede ante los separatistas e impide asistir al rey a un acto en Barcelona» o «El Gobierno excluye al rey del principal acto judicial en Barcelona». Esto ocurre por una sencilla razón: porque nadie explicó el motivo de la ausencia. Casa Real se limita a decir que nunca estuvo en la agenda pública de Felipe VI y los servicios de Moncloa se desentienden del asunto. Y ya lo sabemos: cuando falla la información, es sustituida por el rumor y, en casos como este, por la teoría conspiratoria.
¿Por qué se habla tanto del Gobierno, si es una decisión de la Casa Real? Porque, según la Constitución (artículo 64), «los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes» (…) De los actos del rey serán responsables las personas que los refrendan». Hasta donde sabemos, la Casa Real había confirmado su asistencia y días después declinó. Es lógico suponer que entre una comunicación y la contraria intervino el Gobierno. Y esa intervención resulta sospechosa por los antecedentes: hubo un tiempo, felizmente superado, en que se marginaba al monarca en algunos actos solemnes. Recordemos, por ejemplo, la Asamblea Mundial del Turismo celebrada en Madrid.
Ahora, ante lo de Barcelona, caben tres explicaciones: veto caprichoso del Ejecutivo, presión independentista y posible coincidencia con la inhabilitación de Torra, con sus efectos de desórdenes públicos, cuestión de seguridad. Descarto el veto: las relaciones Zarzuela-Moncloa son buenas y marcadas por el respeto institucional. Descarto también la presión separatista: Torra la ejerce después con el desplante o la negación de saludo, son más rentables. Y acepto la tesis de la seguridad, pero con una pregunta y una conclusión. La pregunta es: si hay riesgo de que la estancia coincida con la sentencia, ¿tan imposible resultó cambiar la agenda?
Y la conclusión: ciertamente no es deseable una imagen del monarca entre barricadas, pero si el Estado no puede garantizar la integridad del rey, muy débil es ese Estado. Para el futuro, ya lo sabe el independentismo: anuncio de barricadas ante cada visita real. Dios, qué pena de país.