Paso a paso, pero sin descanso y ya sin disimulo, el Gobierno sigue poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de su causa, para sustituir su falta de mayoría parlamentaria por un mercadeo político que le permita mantenerse a flote. Pedro Sánchez necesita 21 votos para sacar adelante sus primeros presupuestos tras más de dos años en la Moncloa. Y está dispuesto a lo que sea para conseguirlos, incluido el someterse al chantaje de aquellos que afirman que España les importa «un pepino». La semana pasada, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió en su despacho a los herederos políticos de ETA para pedirles su apoyo a las cuentas públicas. Y, según los propios portavoces de EH Bildu, se mostró dispuesto a cambiar la política penitenciaria y acercar a los presos etarras, tal y como reclamaba el partido de Otegi. En ello está ya el ministro Marlaska. Ayer, el Gobierno dio otro paso para sumar el apoyo de los independentistas de ERC. «El Gobierno está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene», le adelantó sin pudor el ministro de Justicia a la portavoz del partido de Puigdemont. Esas dos vergonzantes claudicaciones, una ante un partido que no condena los asesinatos de ETA y otra ante fuerzas lideradas por golpistas, se entienden si se tiene en cuenta que el Gobierno debe aprobar en unos días el techo de gasto, paso imprescindible para tramitar los presupuestos. Para ello necesita a EH Bildu y ERC. Y ambos quieren cambiar presos (y fugados) por presupuestos.
Tramitar las peticiones de indulto es una obligación legal para cualquier Ejecutivo. Pero disociar el momento en el que el Gobierno anuncia que se pone a ello de su precariedad parlamentaria es un insulto a la inteligencia. Ni siquiera los independentistas esperaban un gesto así, porque su objetivo no es el indulto, que no se han molestado en pedir, sino la extinción de la condena. Por ello, el ministro de Justicia tuvo que garantizar ayer en el Congreso que reformará el delito de sedición en el Código Penal para librar retroactivamente de sus penas a todos los condenados por el procés. Y ello, después de haber permitido una escandalosa concesión del tercer grado penitenciario que el Supremo tuvo que anular.
Si a este cuadro ignominioso se añade el hecho de que, para agradar al independentismo, el Gobierno acaba de impedir que el rey acuda a Barcelona para participar en la entrega de despachos a los nuevos jueces, como ha hecho siempre, tenemos ya un inquietante panorama en el que, a costa de que Sánchez siga en el poder, los independentistas están desmontando pieza a pieza el Estado de derecho, poniendo de rodillas a la Justicia y acabando con el modelo de monarquía parlamentaria surgido de la Transición. Gracias al Gobierno, los separatistas tienen motivos para celebrar eufóricos dentro de una semana su fiesta del 1 de octubre. Y todo, para que aprueben el techo de gasto. Imaginen lo que le espera a España y a su democracia el día en el que tengan que votar sí a los presupuestos.