¿Es el momento de congelar o rebajar el sueldo de los funcionarios?

El Gobierno amenaza con estancar los salarios de los empleados públicos como sacrificio para afrontar la crisis. La propuesta ha levantado una polvareda entre los sindicatos, y algunas voces concordantes

El Gobierno quiere meterle mano a los salarios de los funcionarios en principio para vincularlos a la evolución del índice de precios al consumo (IPC), con lo que quedarían congelados. Es una de las medidas que parece preparar el Ejecutivo para afrontar la tormenta económica que está encima del país. Los economistas lo consideran algo inevitable; los funcionarios han puesto el grito en el cielo.


Funcionarios: la solución, no el problema

Uno de los tópicos que no hemos conseguido eliminar de nuestro país es el del funcionario al que no le gusta mucho trabajar e incapaz de resolver los problemas, confundiendo las normas anquilosadas de la Administración pública con aquellos que tienen la obligación de ejecutarlas. Vamos, el vuelva usted mañana que consagró Mariano José de Larra con su personaje, monsieur Sans-Deláis, o los funcionarios que Benito Pérez Galdós describe en Miau. La gente olvida que cuando decimos funcionarios estamos aludiendo a un colectivo muy amplio: unos 2.600.000 empleados públicos en toda España, de los que casi el 60 % trabaja en las comunidades autónomas, según datos de febrero del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. De ellos, aproximadamente 1.400.000 son funcionarios de carrera. Y funcionarios son los del Estado, de las autonomías y de las administraciones locales. Y son los profesores que enseñan en colegios y universidades a nuestros niños y jóvenes, y también los cuerpos de seguridad que nos protegen, y los sanitarios que cuidan de nuestra salud, a los que hemos aplaudido hasta no hace mucho desde ventanas y balcones. Y funcionarios somos los que trabajamos en los centros de investigación, muchos de los cuales están tratando de crear vacunas para combatir el covid-19. 

Otro tópico que hay que combatir es el de que España tiene muchos funcionarios. No es verdad. España tiene aproximadamente un 16 % de funcionarios públicos, por debajo de la media de la OCDE del 18 %, y muy lejos de países como Noruega (30 %), Dinamarca (29 %), Suecia (29 %) y Finlandia (25 %). Nosotros estamos en el nivel de Italia, el Reino Unido o Alemania (si incluyera el sector sanitario). Y estas cifras han sufrido en los últimos años por la tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno de turno, y que ahora estamos sufriendo en el combate a la pandemia.

Por lo tanto, los funcionarios trabajan, son indispensables, y necesitamos más para cubrir adecuadamente muchos sectores. Pero, ¿qué pasa con los salarios? Hay varias falacias que se usan en estas medidas, porque si se cuenta la masa salarial no se tendría en cuenta el aumento o disminución de funcionarios. Según datos de Eurostat, los sueldos públicos en España en el 2017 fueron el 8,2 % del PIB, pero Finlandia, el más alto en Europa, emplea el 10 % de su PIB en salarios, y en Alemania, el más bajo, es el 5,7 % del PIB (sin sanitarios). España está en la mitad de la tabla. El Gobierno actual quiere ahora congelar el sueldo de los funcionarios y la ministra de Economía ha declarado que es aceptable porque el IPC está también prácticamente congelado. Pero se olvida que durante muchos años nuestros salarios estuvieron congelados, y que en el 2009 se decidió bajarlos (hasta el 15 % en algún caso), y así pasamos la crisis. Y cuando volvíamos a confiar en que, poco a poco, se pudiera recuperar la batalla perdida con el IPC, nos encontramos ante otra intención congeladora. Controlar el sueldo de los funcionarios es la medida fácil de Gobiernos que no piensan en el largo recorrido, que no son capaces de cambiar nuestro sistema económico basado en los servicios a otro basado en el conocimiento, nuestra única garantía de futuro como país.

Autor Manuel de León Profesor de Investigación del CSIC, académico de la Real Academia de Ciencias, la Real Academia Canaria de Ciencias y la Real Academia Galega de Ciencias

¿Podemos subir los salarios públicos?

La economía española atraviesa por la crisis más grave desde 1936, pero si no actuamos de forma adecuada, lo peor podría estar por llegar. Hay que recordar que hemos llegado a esta situación con un déficit estructural de más del 3 % del PIB, el mayor, con diferencia, de toda la eurozona, y con un endeudamiento público del 95 % del PIB. Es decir, sin ningún margen de maniobra fiscal, lo cual tiene sus consecuencias, como se ha advertido repetidamente en los últimos tiempos. 

La crisis va a suponer un descenso estructural del nivel de PIB, y por tanto, en ausencia de medidas de ajuste, un incremento del déficit público estructural. Puesto que este ya partía de un nivel elevado, el déficit primario aumentará hasta un punto en el que, incluso en un escenario optimista, la ratio de endeudamiento en relación al PIB va a crecer año tras año. O sea, la deuda pública entrará en una senda de insostenibilidad. Teniendo en cuenta el elevado endeudamiento del que ya partíamos, que además va a ascender dramáticamente este año como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el impacto de la pandemia, lo anterior conllevará la pérdida de la confianza en nuestra solvencia por parte de nuestros prestamistas, y, por tanto, la imposibilidad de financiar nuestro déficit. Esto significa la quiebra y el rescate.

Ahora mismo no tenemos problemas para encontrar financiación en los mercados debido a la política de compra masiva de deuda pública por parte del BCE. Pero esa política no va a durar para siempre. En cuanto comience a vislumbrarse su final, las dudas sobre la solvencia empezarán a pesar en los mercados y volveremos a encontrarnos en una situación igual o peor que la del 2012.

No hay, por tanto, alternativa a una política de ajuste estructural del déficit, que supondrá, inevitablemente, la adopción de medidas contundentes e impopulares. Es cierto que ahora no es el momento de aplicar tales medidas, y probablemente no lo sea hasta el 2022, pero tampoco podemos tomar decisiones que supongan un incremento adicional del déficit estructural.

En definitiva, puede que ahora no sea el momento de recortar los salarios públicos, pero bajo ningún concepto pueden elevarse. Por los mismos motivos, ahora no es el momento de subir impuestos, pero debe descartarse igualmente una bajada. Todo aumento del déficit estructural que se emprenda ahora está condenado a deshacerse en el futuro, y el coste del ajuste será mayor, ya que habrá dejado como legado un nivel aún mayor de deuda.

Autor María Jesús Fernández Economista sénior de Funcas
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