Presupuestos con etarras y sediciosos


El 19 de febrero de 1979, un terrorista de ETA llamado Arnaldo Otegi, el Gordo, y otro etarra, Luis María Alkorta, el Bigotes, secuestraron a Luis Abaitua, entonces director de la planta de la empresa Michelín en Vitoria. Le introdujeron por la fuerza en un coche previamente robado. Le cubrieron los ojos y le llevaron hasta un zulo que habían preparado, de 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y 1,80 de altura. En ese habitáculo le mantuvieron cautivo durante nueve días. Así consta en la sentencia que condenó a Otegi a seis años de cárcel por esos hechos. Salió en tres. Según aseguró el propio Abaitua a su familia, sus captores le obligaban a jugar a la ruleta rusa, forzándole a dispararse con un revólver sin saber si había balas. Otegi nunca pagó a Abaitua la indemnización a la que también fue condenado por «daños físicos y morales». Nunca ha pedido perdón a Abaitua ni ha condenado jamás los asesinatos de ETA, cosa que han hecho incluso algunos sicarios de la banda terrorista.

Otegi fue imputado por el secuestro del político de UCD Javier Rupérez, pero fue absuelto por falta de pruebas suficientes, a pesar de que dos terroristas de ETA aseguraron que participó activamente en ese rapto. Fue imputado también en el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, padre de la Constitución, que recibió dos disparos de ametralladora en el estómago. Hoy, Otegi es el líder de EH Bildu, partido heredero de Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

Oriol Junqueras, líder de ERC, fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por sedición y malversación de caudales públicos. La sentencia considera «indiscutible» que hubo violencia en los hechos juzgados, pero no la suficiente como para calificarlos de rebelión. Junqueras nunca ha pedido perdón por sus graves delitos e incluso se declara dispuesto a repetirlos en cuanto pueda.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, es un prófugo de la Justicia española, que lo reclamó por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Puigdemont se jacta cada día de haber burlado a los jueces y las fuerzas de seguridad españolas.

Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, ha sido condenado por desobediencia e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Está a la espera de que el Supremo, ante el que ayer declaró, confirme la sentencia.

El Gobierno no solo trata a los partidos liderados por personajes con semejantes currículos delictivos como unos actores políticos más, sino que, en medio de la mayor crisis que ha vivido España desde la Guerra Civil, considera a ERC y EH Bildu como socios preferentes para pactar los Presupuestos y negocia también con Junts per Catalunya -que asegura que votará en «unidad garantizada» con el PDECat-. Sostiene el Ejecutivo que lo importante es aprobar las cuentas públicas, y no con quién se pacten. Pero no es así. El futuro de todos los españoles no lo deben decidir un terrorista y secuestrador, un sedicioso y malversador, un prófugo y un desobediente inhabilitado. Hacer que eso suceda es blanquear sus delitos.

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