La realidad en torno a las pensiones de jubilación es compleja y difícil de sistematizar. Por más que uno esté de acuerdo con Procopio, quien en un Sueño de una noche de verano señalaba a los pensionistas como uno de los dos colectivos capaces ahora de ocupar plazas y detener el tráfico en España. A sabiendas de que solo les une la inquietud por el futuro de sus pensiones y su revalorización.
Realidad tan dispar en la que ni siquiera el acceso a la jubilación es igual para todos los funcionarios del Estado. Así, aquellos que están en mutualidades como Muface tienen jubilación a los 60 años con 35 de cotización, e incluso con 32 si son funcionarios del grupo A. Mientras que los funcionarios o estatutarios (sanitarios) que pertenecen al régimen general de la Seguridad Social solo pueden jubilarse sin penalización a los 65,8 años.
En los últimos diez años el 41 % de las jubilaciones en España son anticipadas, mientras que las que superan la edad legal apenas son el 4 %. Lo que se explica también porque el incentivo para prolongar la edad de jubilación es muy bajo, nada que ver con el incremento del 12 % anual en Portugal o el 5 % de Francia, y trabajar cinco años más aumenta la retención del IRPF de la pensión máxima en un 2,6 %, hasta el 21,8 %. Las jubilaciones anticipadas voluntarias también sufren de desigualdad y mal diseño, como señaló el ministro Escrivá. Siendo la tasa de paro juvenil el 36,5 %, es más discutible que anticipar la jubilación, como ya sucede, suponga mayor oportunidad para el empleo de los jóvenes, como argumenta la ministra de Trabajo. Algo quizá comprobable en las administraciones públicas, donde en el marco de una negociación sindical se acordó la jubilación del profesorado a los 60 años, incentivada económicamente. Actuación sostenida entre 1992 y el 2011 con el objetivo de rejuvenecer las plantillas y tener un profesorado más adaptado a los nuevos curricula y a las tecnologías de la información y comunicación. Lo que quizá supuso unas diez mil jubilaciones por año en España. Alguien debería analizar los resultados de tal política, y el Ministerio de Trabajo o el de Administraciones Públicas retroalimentar sus políticas sobre datos evaluados.
A esta breve casuística en torno a las pensiones se pueden añadir los «gastos impropios de la Seguridad Social» (unos 20.000 millones), la revalorización de las prestaciones con el IPC, el trabajo remunerado con jubilación, las mutualidades de funcionarios, los planes privados de pensiones, incluido alguno para funcionarios, los planes colectivos, y afirmaciones como que las pensiones pagan un 50 % más de lo que se cotiza. Verdad a medias o incierta en según cuales, como tantas otras afirmaciones que circulan en este mundo confuso de las pensiones. Donde a uno solo le cabe confiar en análisis como los de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por su rigor e independencia, y en un buen hacer de los políticos para resistir las presiones de tantos intereses.