Acostumbrado al ordeno y mando del estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estrenó septiembre con su derrota parlamentaria más sonora. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, famosa por su frase viral «Chiqui, 1.500 millones de euros no son nada», no fue capaz de completar la incautación de los ahorros de los más de ocho mil ayuntamientos disfrazada de préstamos a 15 años —17 según el BOE— con un adelanto de unos pocos euros para gastar en temas concretos.
La realidad es que la coalición que sostiene al Gobierno tiene 155 diputados e incluso una parte de ellos, los comunes de Ada Colau, intentaron el desmarque hasta última hora. Y que alcaldes de todos los colores políticos, de Bildu al último independiente, llevan meses rechazando una medida que es claramente perjudicial para los ciudadanos que siguen pagando sus impuestos municipales.
Las grietas de la alianza PSOE-UP se han vuelto a resentir y de nada valen los trucos pirotécnicos de la propaganda ni culpar al PP como pretenden los altavoces del Gobierno. De hecho, es la propia Montero la que se niega a derogar la regla de gasto que limita la autonomía municipal y que impuso Cristóbal Montoro en lo peor de la anterior crisis.
El varapalo de este jueves augura una subasta para lograr apoyos a los Presupuestos. No parece el mejor escenario para hacer prevalecer el interés general ante las consecuencias de la pandemia del covid-19.