Allá por el año 2015 el legislador ya reparó en que la cosa apuntaba maneras y reguló el delito de incitación al odio en los artículos 510 y 510 bis del Código Penal. Lo que se persigue es la conducta de alguien que promueva, ya sea de manera directa o indirecta, el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte de dicho grupo o contra una persona determinada, y la pena puede ser de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses. Pocos casos se ceñirían más a la aplicación de estas disposiciones jurídicas que el del vecino de Cuarte de Huelva, en Zaragoza, que ha dedicado, está visto que buena parte de su preciado tiempo, a amenazar de muerte vía redes sociales a médicos, militares y políticos relacionados con la gestión de la pandemia. Por si eso fuera poco «animaba a los que estaban pensando en suicidarse… a cargarse un político antes». Al Código Penal le resultaría harto complicado recoger cuanta actitud humana pudiese ser constitutiva de ilícito penal. No obstante, un comportamiento que podría resultar un serio aspirante a ser considerado delito, sin atenuante o eximente alguno, es el de comportarse como un auténtico impresentable en situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo. Comprendo que este ciudadano bastante pena tendrá que soportar toda la vida por ser como es. Eso debe equivaler a pasarte en prisión más o menos de quince a veinte años. Pero aun así hay que echar mano del principio general del derecho proveniente del derecho romano, Dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley), que hace alusión a que la aplicación de las leyes es obligatoria y que debe producirse contra todas las personas. Como letrado en ejercicio me ofrecería a defenderle, pero a mis amigos médicos, políticos y militares les podría parecer mal. Y a esos no los quiero enfadar, que bastante tienen con quitarnos las castañas del fuego ante la que se nos viene encima.