El Estado ya está entrando en las empresas


El Gobierno de España aprobó la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de 10.000 millones de euros para la inversión en la propiedad de empresas privadas , ocupándose de su gestión la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda.

Esto permitirá al Estado ser propietario de una parte del capital, de manera transitoria y temporal, de compañías privadas estratégicas españolas. Su objetivo es mejorar la solvencia de compañías grandes, y en sectores vitales de la economía, en un momento en el que se está comprometiendo la viabilidad de muchas por la pandemia.

Una de las claves más importantes de las reglas de este fondo de ayudas, es que las empresas soliciten esta financiación pública. No puede ser el Estado el que por iniciativa propia decida entrar en el capital de estas empresas. Además, debe ser una solución de último recurso por parte de las empresas, es decir, que no sea una injerencia del poder público en el privado. Una vez solicitada la entrada del fondo público en el capital de las empresas privadas -como acaba de hacer Duro Felguera-, el Estado deberá resolver en un plazo no superior a 6 meses las solicitudes, y una nueva legislación permitirá al Estado quedar eximido de lanzar una opa por la totalidad del capital.

Las razones que tienen que existir para que el Estado sopese la petición de entrada en el capital de esas empresas son las siguientes: que tengan impacto social y económico, que sean relevantes para la seguridad, que afecte a la salud de las personas. que estén comprometidas infraestructuras o las comunicaciones o que contribuyan a un buen funcionamiento de los mercados.

Con esta medida, el Gobierno español al igual que los gobiernos de Alemania o Francia ha decidido apoyar a su tejido productivo estratégico con inyecciones de capital, tanto en capital puro, acudiendo a ampliaciones de capital, como a través de instrumentos híbridos entre deuda y capital, tales como la deuda subordinada, préstamos participativos o la deuda convertible en capital.

Este instrumento financiero se gestionará de acuerdo con los criterios de participaciones estatales regulado por la Comisión Europea, en el caso de Europa, para no incurrir en las ilegales y temidas «ayudas de estado». Este último aspecto es vital para que esas inversiones sean acertadas. Estas participaciones deben ser gestionadas en casos excepcionales, de manera temporal y por reconocimiento de su necesidad por parte de la empresa, ya que, si no se hiciera así, podemos caer en la tentación de que el sector público entrase en el sector privado con afán de control e instauración de la gestión pública como catalizador de la riqueza privada. Y eso es ineficiente a largo plazo, ya que la mejor manera de que las empresas funcionen es que tengan empresarios al mando de los negocios y no estados con sus sesgos políticos.

Por tanto, estas inversiones deben garantizar una gestión profesional de las empresas participadas, para que no sean utilizadas como instrumento de la política económica. Es clave garantizar que estas ayudas no se aprovechen para nacionalizar empresas por objetivos políticos. Y por supuesto, que los beneficios de las futuras ventas del capital o los dividendos generados por las inversiones se ingresarán en el Tesoro público.

La protección de tejido productivo y estratégico nacional para no dejarlo en manos extranjeras hostiles, en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, debe mantener el justo equilibrio entre la libertad del movimiento de capitales y la protección de la nacionalidad del capital de las empresas.

Por Manuel Romera Robles Director del Sector Financiero de IE Business School

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