Hay un dato que abruma: España recibió el año pasado 82 millones de turistas. Casi el doble de nuestra población. Y si a esos visitantes les sumamos los que recibe nuestro vecino Portugal, concluimos que la Península Ibérica es el primer destino turístico del mundo. Ahí es nada.
Tornando hacia lo que nos es más cercano, Galicia recibió en el 2019 más de 5 millones de visitantes. Es decir, que también nos situamos en el ratio de casi el doble de nuestra población. No descubro nada, por tanto, si afirmo que el turismo es una de las principales fuente de ingresos para nuestra comunidad y que es el motor que pone en funcionamiento muchas empresas y negocios. Quienes tenemos la fortuna de vivir en enclaves tan privilegiados como la comarca de Arousa, convertidos desde hace ya muchas décadas en reclamos turísticos, somos permanentemente conscientes de ello. De ahí nuestra preocupación ante algunas actitudes y actuaciones al respecto.
Significar que el turismo es el motor de muchas de nuestras empresas equivale a decir que es también el motor de nuestra economía y el que mantiene la estructura de nuestro país, ya que en buena medida son los empresarios, los autónomos y las cotizaciones de sus trabajadores quienes sostienen el sistema. Si quienes generamos empleo y riqueza en el mercado libre desapareciésemos de escena, este país duraba dos telediarios. Y más en un momento tan convulso como este que nos está tocando vivir.
A pesar de que parece una obviedad de cajón, sigue habiendo gobernantes en España que continuamente lo ponen en cuestión. Hablan de la necesidad de cambiar el «sistema» -ya me explicarán a qué se refieren-, con la misma frivolidad que hablan, por ejemplo, de acabar con la monarquía parlamentaria. Si hay que cambiar algo en España, seguramente sea la estructura de un Estado que permite que haya prácticamente más administradores que administrados, con el tremendo lastre que eso supone.
Pero regresemos al mundo real. Al de ese pequeño empresario o autónomo que este año ha perdido casi todas sus fuentes de ingresos, que se ha visto obligado a cerrar su negocio pero ha tenido que seguir haciendo frente a infinidad de gastos fijos (electricidad, telefonía, alquileres, cargas fiscales…). Es a él a quien más dura se le va a hacer la situación. Es él quien realmente piensa, y con razón, que habría que cambiar el «sistema». Porque ve a su alrededor mucha gente a la que no le peligra su subsistencia porque sus sustento viene garantizado por ley. Y él se lo tiene que jugar y ganar día a día.
A pesar de todo lo que se dijo durante el confinamiento, en mi fuero interno siempre tuve claro que de esta situación no íbamos a salir mejores. Al contrario. Tenía la sensación de que no tardarían en aflorar los recelos, las envidias y el sálvese quien pueda. Y de algún modo así está ocurriendo. Incluso a nivel institucional. Y para demostrarlo ahí tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con los remanentes municipales.
El Gobierno de España no debería tener dudas a la hora de decidir el destino de los remanentes municipales, provengan de donde provengan. Ese dinero debería servir para eximir de impuestos locales a aquellos sectores que más han sufrido, están sufriendo y van a sufrir la crisis. Estoy hablando de nuevo de los autónomos, de los empresarios y de sus asalariados. Porque en muchísimos casos son sus negocios los que están sufriendo más que nadie las consecuencias de esta crisis. Porque ni los dueños de los hoteles están recibiendo el mismo número de huéspedes que antes, ni los restaurantes ni bares tienen la misma cantidad de clientes, ni los concesionarios vende los mismos coches…
Son esas, y no otras, las cuestiones que deben hacernos pensar si el sistema que nos hemos dado es justo o no. Si es precisamente el colectivo que genera empleo y riqueza el que, otra vez, deba pagar los platos rotos de la crisis. Vivimos en un momento en el que se están poniendo en duda muchas cosas. Pues a lo mejor también ha llegado el momento de revisar esa.