El titular de La Voz de Galicia alerta: «El Covid se ceba con jóvenes y adolescentes». Y a uno no le llama la atención, diferencias aparte de su sistema inmunológico. Cuando en el desconfinamiento no se activaba la enseñanza presencial, la pregunta inevitable era por qué. Preadolescentes y adolescentes, también jóvenes alcanzada la edad de votar, se encontraban agrupados en las calles, parques, muelles o playas, más allá de mascarillas y prohibición de botellones. Y si el virus es como es, o tal vienen avisando, normal era que, en los jóvenes destemidos y expuestos, acabara prendiendo. Y a través de ellos asistimos a alarmantes brotes sucesivos, más allá de su edad, sin que fuera necesario que se abrieran escuelas, institutos o facultades que, por temor y/o coyunturas electorales, se prefirió mantener cerradas. En unos sitios sí, como Galicia, y en otros no.
En un análisis publicado en La Voz se puede observar que, dependiendo de la autonomía, padres, maestros y gobernantes adoptan diferentes posiciones. Y según dicen, tan solo en la Comunidad Valenciana los tres estamentos implicados han logrado un plan de actuación consensuado para iniciar el curso escolar. Las otras 16 autonomías al parecer andan en ello, pero todavía lejos de saber qué hacer y cómo hacerlo. Por más que todos coincidan en mascarillas, grupos burbuja entre 15 y 25 alumnos, salas grandes y distancia entre alumnos. Llegando Comisiones Obreras a estimar un gasto de 7.300 millones de euros, al tiempo que UGT calcula que sería necesario contratar a 70.000 profesores más para permitir una vuelta al cole garantizando la seguridad. Lo que nos puede llevar a la perplejidad. Pues donde con certeza está el covid -en hospitales y centros de salud- nadie ha planteado medidas parecidas o de similar alcance, limitándose al aplauso, medallas colectivas o algún cheque turístico (sic).
Al igual que en otras áreas de la administración pública con el trabajo presencial, se mantiene la resistencia del profesorado a volver a las aulas, por más que toda la sociedad es consciente de que la reactivación de la economía y la vuelta al trabajo requerirán que el sistema escolar y las administraciones funcionen. Añádase a ello que cada comunidad autónoma tiene competencias exclusivas y será fácil comprender la dificultad de un Ministerio de Educación para garantizar una educación en igualdad, aun si declara «finalistas» los 2.000 millones de euros que al parecer transferirá a las autonomías para adaptar los colegios a la pandemia.
La necesidad de la enseñanza presencial en infantil y primaria, asociada también al comedor escolar y las actividades extraescolares, no se discute. Incluso en secundaria, donde tampoco los ensayos de enseñanza remota han sido satisfactorios, profundizando con todo ello en la desigualdad social. Al tiempo que se impone una enseñanza defensiva, donde profesorado y directivos necesitan ser dispensados de cualquier responsabilidad ante el covid, quizá también los gobernantes. Responsabilidad asentada en una improvisada, desigual e incierta vuelta al cole.