Ceder el superávit local: mal negocio

Javier Santacruz Cano AL DÍA

OPINIÓN

J.CORCHERO.POOL

08 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El acuerdo entre Hacienda y la FEMP para que el primero pueda disponer de los remanentes presupuestarios de las corporaciones locales es una operación que evidencia hasta qué punto el Estado en su conjunto sufrirá importantes tensiones de liquidez en los próximos meses. Para diferir este problema el máximo tiempo posible, Hacienda necesita recolectar todos los fondos que tenga a su alcance, siendo la Administración local la única que posee unos excedentes importantes, que ascienden en torno a 14.000 millones de euros, algo más de un 1 % del PIB. Si en la anterior crisis fue el Fondo de Reserva de la Seguridad Social el que salió al rescate del Estado en momentos de tensión crediticia, ahora son los ayuntamientos los que se ven obligados a dar un respiro al Tesoro, el cual ha cumplido casi el 80 % del objetivo de emisiones brutas de deuda para el 2020, fijadas en casi 300.000 millones de euros.

Si este acuerdo se lleva a término -cosa difícil por la oposición en este momento existente en los grupos políticos que en las Cortes tienen que aprobarlo- tendrá importantes consecuencias para los ciudadanos. Ante todo es preciso defender el ahorro de las administraciones más cercanas al ciudadano, las encargadas de proporcionar servicios públicos básicos sin los cuales no es posible vivir, sea en núcleos urbanos o rurales. Precisamente este ahorro acumulado podría haber sido el capital semilla de un gran fondo de inversión donde se crearan y coordinaran proyectos a gran escala en materia de digitalización, transición energética, logística o industria inteligente, participado por miles de ayuntamientos y germen de la disciplina y forma de armar los proyectos a presentar ante la Comisión Europea: rigor, solidez, resultados y capacidad de supervisión tanto ex ante como ex post.

Sin embargo, la avidez de liquidez del Gobierno y la miopía de importantes alcaldes -comenzando por el propio regidor de Vigo- han impedido una visión más estratégica e inteligente de emplear el dinero acumulado desde el 2012, haciendo más dependientes a los ayuntamientos del dinero que les preste el Gobierno central (especialmente a aquellos que tienen serios problemas de liquidez) y consolidando la estrategia de elaborar planes de pequeñas inversiones dispersas en los municipios al estilo del Plan E, de infausto recuerdo y ejemplo de hasta qué punto es un error invertir sin buscar economías de escala.

Este tipo de decisiones incentiva a liquidar el ahorro, generando una gestión irresponsable del gasto público. Muchos alcaldes y presidentes de diputaciones o cabildos insulares se preguntarán de qué sirve ahorrar y ser eficientes en la gestión para que luego esos remanentes no puedan ser utilizados cuando se necesitan y además entregados de forma gratuita a la Administración central en condiciones abusivas. Entregar 14.000 millones a cambio de un fondo de 5.000 millones y una devolución diferida hasta 2037 es un mal negocio para el ciudadano, el cual lo sufrirá en la provisión y calidad de los servicios públicos municipales.