Un peaje para el gasto a nivel local

J.CORCHERO.POOL

Cuando uno hereda las consecuencias de una medida que no aprobó, es difícil encontrar una solución satisfactoria. Esto es lo que ha pasado con el acuerdo firmado entre Presidencia del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la utilización del importante volumen de ahorros que han generado los ayuntamientos en los últimos años. En efecto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012 generó un proceso de contención presupuestaria sin precedentes en la ejecución del gasto de todas las administraciones públicas. La regla de gasto y la rendición de cuentas supuso que las entidades locales se tuvieran que enfrentar a un marcaje presupuestario draconiano. La paradoja es que anualmente tenían superávit, pero no podían incrementar sus niveles de inversión. Es como tener capacidad para permitirte una buena comida, pero como estás a régimen no puedes tomarte ni el segundo plato ni el postre.

Desde el grupo de investigación GEN, que gestiona la Red Localis, ya señalamos en marzo que el remanente de tesorería de los ayuntamientos gallegos podría ser utilizado como fuente de financiación mucho más barata para el Tesoro Público que la emisión de deuda de tesorería que postulaba el Gobierno central. Sin embargo, esta recomendación, que permitiría utilizar más racionalmente el superávit local, no parece que tuviera demasiado calado, al menos hasta hace pocos días.

El acuerdo tomado esta semana a nivel nacional va más allá e impone mayores condicionantes a las entidades locales que la propuesta que lanzamos, puesto que el acuerdo firmado exige que, para poder gastar lo ahorrado, antes hay que cederlo. La cesión es también necesaria para poder acceder a la aportación de 5.000 millones de euros a fondo perdido y al fondo extraordinario de hasta 400 millones para compensar el déficit del servicio de transporte municipal durante la pandemia. Los fondos cedidos por los ayuntamientos serán devueltos por el Ejecutivo central para que las entidades locales los puedan gastar, pero en un período no inferior a quince años.

Si bien con esta medida se trata de solucionar un problema que se generó hace más de ocho años, le veo algunas limitaciones. En primer lugar, se trata de una solución a medias, puesto que lo que las entidades locales exigían eran disponer libremente de ese ahorro acumulado, y esto no se ha conseguido. En segundo lugar, porque para poder gastar los recursos ahorrados hay que cederlos temporalmente a la Administración General del Estado, algo que ha levantado una profunda polémica. En tercer lugar, a pesar de tener dinero para gastar, la capacidad de gasto de las entidades locales la marcará la devolución de los importes que realice el Estado. En resumen, veo mucho condicionantes para poder disponer de unos recursos que han generado las entidades locales. Evidentemente, ni los ayuntamientos ni diputaciones están obligados a acogerse a este acuerdo, pero, si se quieren utilizar los fondos acumulados, al menos en función de cómo se presenta este acuerdo, es preciso pagar ese peaje. Y no creo que todos estén dispuestos a asumirlo.

Por Alberto Vaquero García Profesor Titular de Economía Aplicada Grupo GEN de investigación-Universidad de Vigo

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