Un peaje para el gasto a nivel local

Alberto Vaquero García EN LÍNEA

OPINIÓN

J.CORCHERO.POOL

07 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando uno hereda las consecuencias de una medida que no aprobó, es difícil encontrar una solución satisfactoria. Esto es lo que ha pasado con el acuerdo firmado entre Presidencia del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la utilización del importante volumen de ahorros que han generado los ayuntamientos en los últimos años. En efecto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012 generó un proceso de contención presupuestaria sin precedentes en la ejecución del gasto de todas las administraciones públicas. La regla de gasto y la rendición de cuentas supuso que las entidades locales se tuvieran que enfrentar a un marcaje presupuestario draconiano. La paradoja es que anualmente tenían superávit, pero no podían incrementar sus niveles de inversión. Es como tener capacidad para permitirte una buena comida, pero como estás a régimen no puedes tomarte ni el segundo plato ni el postre.

Desde el grupo de investigación GEN, que gestiona la Red Localis, ya señalamos en marzo que el remanente de tesorería de los ayuntamientos gallegos podría ser utilizado como fuente de financiación mucho más barata para el Tesoro Público que la emisión de deuda de tesorería que postulaba el Gobierno central. Sin embargo, esta recomendación, que permitiría utilizar más racionalmente el superávit local, no parece que tuviera demasiado calado, al menos hasta hace pocos días.

El acuerdo tomado esta semana a nivel nacional va más allá e impone mayores condicionantes a las entidades locales que la propuesta que lanzamos, puesto que el acuerdo firmado exige que, para poder gastar lo ahorrado, antes hay que cederlo. La cesión es también necesaria para poder acceder a la aportación de 5.000 millones de euros a fondo perdido y al fondo extraordinario de hasta 400 millones para compensar el déficit del servicio de transporte municipal durante la pandemia. Los fondos cedidos por los ayuntamientos serán devueltos por el Ejecutivo central para que las entidades locales los puedan gastar, pero en un período no inferior a quince años.