¿Qué habría pasado, o incluso que pasaría ahora, si en los tres grandes períodos de las privatizaciones de empresas públicas hubiera existido la AIReF? Esta pregunta se sostiene en los sucesivos informes o estudios que la AIReF ha ido haciendo sobre los presupuestos y las políticas públicas, informes y análisis que de haber existido hubieran podido acotar la desfachatez en el uso y abuso de lo público. También de las empresas que fueron nuestras y ya no. En ese contexto político y económico es más fácil entender la deriva del rey Juan Carlos, incluida esa gestión de intereses en torno a los grandes éxitos internacionales de nuestras empresas, como en el AVE a La Meca. Pero resulta más sorprendente saber de la presencia de Juan Villalonga, compañero de pupitre y por ello -quizá- presidente de Telefónica en su privatización, al lado del comisario Villarejo y Corinna Larsen en esas grabaciones. Al parecer alfa y omega para la marcha del rey Juan Carlos.
Y no es que me deje de preocupar la inestabilidad institucional que todo ello genera, pero en este tiempo de pandemia me amarga más ver lo que se ha hecho de aquellas que fueron nuestras empresas, y lo que ellas hacen ahora con los servicios por los que cobran. Como tema menor pero relevante, Telefónica y Movistar han entrado en un círculo de desatención y malos servicios, lo que obviamente contrasta con aquella prédica sobre la incapacidad de lo público para dar buen servicio como justificación de su privatización. Pero si Telefónica y los suyos se encuentran lejos de mantener con eficacia sus servicios, la incautación por parte de las compañías aéreas del dinero por las compras anticipadas de vuelos cancelados es patética, en perjuicio del cliente o consumidor.
Nunca fue el consumo, o la defensa del consumidor, una prioridad gubernamental, ni siquiera europea. Para ello están los lobis con su capacidad paralizante de toda normativa que no les beneficie. Pero el escándalo de lo sucedido ahora en las líneas áreas es inaudito. La historia se la reparten entre los ministerios de Transportes y Consumo, neutralizándose en beneficio de las compañías aéreas. Compañías aéreas que se beneficiaban de la compra y pago anticipado de billetes, bajo el señuelo de un menor precio en el inicio de la demanda, que les aportaba liquidez sin intereses. Liquidez que pretenden ahora mantener cuando no han cumplido con su parte del contrato. Ante la inacción del Gobierno, incapaz de desarrollar una ley del 2017 que a su vez incorporaba a nuestra legislación una directiva europea del 2013 (siete años) sobre litigios y su solución en materia de consumo. Solución en la que debía participar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), pero de la que nada se sabe, tampoco de los miles de reclamaciones presentadas para devolver el dinero. Mientras los ciudadanos siguen expoliados en sus derechos y su dinero, sin Gobierno ni administración, incluida la judicial, que los ampare. Por más que nos digan.