Abel Caballero, antes su partido que su ciudad


Es muy lamentable el papel que han desempeñado los alcaldes y alcaldesas del PSOE y de Podemos en la junta de gobierno extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de este lunes. Su obediencia «no debida» y ciega al Gobierno de Sánchez e Iglesias ha provocado una histórica ruptura del consenso que ha caracterizado a esta organización. Y su actitud ha motivado la negación de la propia razón de ser de la FEMP, que no es otra que la de velar por la autonomía administrativa y financiera de las entidades locales recogida en la Constitución.

El denominado Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados ha resultado un fracaso. Se ha tenido que decidir en una votación al límite, con un empate en el que ha tenido que deshacer el voto de calidad de Abel Caballero como presidente de la FEMP, y tras un vergonzoso aplazamiento porque no daban los números de la votación. Es un fracaso, en primer lugar, porque se denomina acuerdo a algo que no lo es. La parte socialista del Gobierno ha impuesto su criterio a los alcaldes socialistas. Y, en la parte de Podemos, como ya nos tienen acostumbrados, han optado por una abstención cómplice, que no es otra cosa que votar pero con la nariz tapada.

El resultado es la imposición de una decisión del PSOE y Podemos para que, desde el Gobierno, se fuerce una intervención de hecho en los municipios. El Gobierno, ahogado por su propia ineficacia para gestionar el dinero público en un momento de extrema dificultad como el actual, decide ahora cómo y para qué se destinan los superávits generados por los ayuntamientos. Según el acuerdo, el Gobierno se apropia de la gestión de todos los ahorros generados por las personas en sus municipios en los últimos ocho años (15.000 millones de euros) y dice que se los devolverá en diez años. Cuando lo cierto es que ni siquiera ha podido devolver a las entidades locales los 700 millones correspondientes al IVA de diciembre del 2017. A cambio, les dará hasta 5.400 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (solo a los ayuntamientos con superávit) y les dejará gastar un 27 % del superávit generado en el 2019, pero les dirá a qué pueden destinarlo (como gastos urgentes derivados de la pandemia o coches de la basura eléctricos). Y los municipios con menos posibilidades y recursos (los que no generan superávit) se quedan por ahora sin nada y a expensas de lo que proponga un grupo de trabajo que se creará en la FEMP.

Es cierto que los ayuntamientos pueden o no adherirse a la fórmula, pero esto es todo lo que el Gobierno pone en manos de los ayuntamientos si quieren disponer de algunos recursos para capear el intenso temporal de la pandemia. Desde luego, es algo muy alejado de lo que los integrantes de la FEMP aprobaron por unanimidad en el documento Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local. Fue el pasado 22 de mayo y, ahora, aquel acuerdo consensuado se ha convertido en papel mojado.

El máximo responsable de la defensa de aquel acuerdo de la FEMP era su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El hecho de no poder cumplir los contenidos de un acuerdo unánime de la organización que preside es su responsabilidad. No es de recibo que ahora defienda como bueno el resultado de una votación cogida con los alfileres de la militancia y usando el voto de calidad, cuando su cometido era defender una estrategia aprobada por todos, sostenida en los pilares del interés común de las personas y ahora descartada. Caballero ha preferido obedecer al PSOE que a las personas del 95 % de las entidades locales de España, que son las que representa la FEMP. Son estas personas las que pusieron en sus manos la defensa de la estrategia del documento aprobado por unanimidad en mayo.

Esta votación inédita en la FEMP es culpa de Caballero, que ha tenido la responsabilidad de decantar la balanza con su voto de calidad, y lo ha hecho hacia una postura solamente defendida por su partido.

El resultado es que Caballero ha renunciado a la autonomía municipal y ha permitido que, de hecho, el Gobierno tenga vía libre para intervenir una parte importante de la gestión que corresponde a los ayuntamientos. Y tiene la desfachatez de culpar de que haya tenido que ser así a gobiernos pasados del Partido Popular. Como siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué cuando se comprometió a defender el documentos de los Pilares locales… no había las mismas reglas del juego?

Por Javier Guerra Senador por Pontevedra. Exconcejal de Hacienda del Concello de Vigo

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