Abel Caballero, antes su partido que su ciudad

Javier Guerra LÍNEA ABIERTA

OPINIÓN

05 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Es muy lamentable el papel que han desempeñado los alcaldes y alcaldesas del PSOE y de Podemos en la junta de gobierno extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de este lunes. Su obediencia «no debida» y ciega al Gobierno de Sánchez e Iglesias ha provocado una histórica ruptura del consenso que ha caracterizado a esta organización. Y su actitud ha motivado la negación de la propia razón de ser de la FEMP, que no es otra que la de velar por la autonomía administrativa y financiera de las entidades locales recogida en la Constitución.

El denominado Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados ha resultado un fracaso. Se ha tenido que decidir en una votación al límite, con un empate en el que ha tenido que deshacer el voto de calidad de Abel Caballero como presidente de la FEMP, y tras un vergonzoso aplazamiento porque no daban los números de la votación. Es un fracaso, en primer lugar, porque se denomina acuerdo a algo que no lo es. La parte socialista del Gobierno ha impuesto su criterio a los alcaldes socialistas. Y, en la parte de Podemos, como ya nos tienen acostumbrados, han optado por una abstención cómplice, que no es otra cosa que votar pero con la nariz tapada.

El resultado es la imposición de una decisión del PSOE y Podemos para que, desde el Gobierno, se fuerce una intervención de hecho en los municipios. El Gobierno, ahogado por su propia ineficacia para gestionar el dinero público en un momento de extrema dificultad como el actual, decide ahora cómo y para qué se destinan los superávits generados por los ayuntamientos. Según el acuerdo, el Gobierno se apropia de la gestión de todos los ahorros generados por las personas en sus municipios en los últimos ocho años (15.000 millones de euros) y dice que se los devolverá en diez años. Cuando lo cierto es que ni siquiera ha podido devolver a las entidades locales los 700 millones correspondientes al IVA de diciembre del 2017. A cambio, les dará hasta 5.400 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (solo a los ayuntamientos con superávit) y les dejará gastar un 27 % del superávit generado en el 2019, pero les dirá a qué pueden destinarlo (como gastos urgentes derivados de la pandemia o coches de la basura eléctricos). Y los municipios con menos posibilidades y recursos (los que no generan superávit) se quedan por ahora sin nada y a expensas de lo que proponga un grupo de trabajo que se creará en la FEMP.