La integración del Oceanográfico en el CSIC: ¿una decisión de Estado?

Jaime Mejuto

El pasado 21 de julio el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, dirigió una misiva a todo el personal del IEO, IGME (Instituto Geológico y Minero de España) e INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) en la que se anunciaba su conversión en centros nacionales y su integración en el CSIC.

Parece ser que esta decisión se ha tomado tras escuchar «opiniones y propuestas» de investigadores, técnicos, gestores y representantes sindicales de los tres organismos. No sabemos en el caso del IGME y del INIA, pero en el caso del IEO:

No se informó a su consejo rector (ni se reunió) para al menos escuchar sus opiniones y propuestas al respecto. Parece ser que no se ha considerado relevante, aunque en el estatuto vigente del IEO, entre las funciones del consejo rector, figura aprobar los objetivos y planes anuales y plurianuales del instituto y velar por el cumplimiento de los mismos. Recordemos que en este consejo están representados los actuales ministerios de Ciencia e Innovación; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Agricultura, Pesca y Alimentación, así como las comunidades autónomas con litoral con representación en la Conferencia Sectorial de Pesca y representantes del sector pesquero y acuicultor.

No se informó a los sindicatos. Al menos los representantes del IEO no han sido objeto consulta alguna al respecto.

La propuesta de mejora del IEO realizada por un grupo de trabajo ad hoc propuesto por el propio secretario general de investigación para analizar la situación del IEO no dejaba entrever esa solución, toda vez que los mayores problemas detectados derivaban de las dificultades para acompasar tiempos y necesidades entre la gestión y realización de proyectos científicos y su adecuación a las normativas de aplicación a los organismos públicos de investigación (OPI).

No se ha consultado (ni informado) a los directores y responsables de administración de los centros oceanográficos, y eso ya ha provocado dimisiones en muchos de sus centros costeros.

El subdirector general de investigación del IEO, que asumió interinamente la dirección del mismo una vez aceptada la renuncia del anterior, dimitió de todos sus cargos, en abierta discrepancia con el SGI.

Tampoco se hace referencia alguna a equivalencias internacionales que pudiesen servir como ejemplo de buena gestión y gobernanza en materia investigación. A modo ilustrativo, conviene decir que tanto en Francia, Alemania o Reino Unido, dada la necesidad de contar con un organismo que provea servicios de investigación que sirvan al interés general, existen centros similares al IEO e independientes del resto de organismos de investigación. Entienden que la diversidad funcional de organismos de investigación mejora el conocimiento global. Aquí parece ser que se apuesta por el monocultivo.

A la vista de estos hechos, más bien parece una decisión unilateral, con intereses evidentes, sin concitar reflexión y consensos al respecto. Y a muchos nos entran dudas sobre si realmente se ha analizado en profundidad el impacto que para el Reino de España podría tener esta decisión.

A simple vista podríamos pensar que si tenemos dos organismos haciendo lo mismo, lo más eficiente sería fusionarlos. Así, si el IEO y el CSIC hiciesen investigación en ámbitos afines (cosa que algún centro del CSIC hace), lo lógico sería unir esas sinergias. Pero aquí hay un matiz importante. Y es que el CSIC tiene como función «el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias». El IEO, por supuesto, también. Pero debe además «representar al Estado en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías; informar sobre los proyectos de normas que se le sometan a consulta y que afecten a la extracción de recursos vivos marinos; y, sobre todo, atender prioritariamente los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado».

Para ello, colabora con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter científico y tecnológico -muchas de ellas de obligado cumplimiento para el Estado-, con atención prioritaria a los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado. De ahí que puedan existir vínculos con centros de investigación marina nacionales e internacionales, como algunos del CSIC.

Este matiz en cuanto a funciones del IEO supone en realidad un gran reto, ya que, a partir de una investigación de excelencia, debe proporcionar, consecuentemente, servicios variados al Estado orientados conforme a unas directrices políticas y normas internacionales. Es decir, en el caso del IEO se fija el qué en Investigación, pero se deja libertad en el cómo llevarla a cabo; y se restringe el ámbito de actuación en aras del bien común. Como sucede en Estados Unidos (NOAA), Inglaterra (CEFAS), Francia (IFREMER), Portugal (IPMA) o Alemania (Thünen), entre otros.

Por otra parte, este binomio investigación de excelencia y suministrador de servicios (transferencias) de calidad obliga a que en su estructura, además de la escala científica, se desarrolle una potente escala técnica (en especial tecnólogos, técnicos superiores y especializados) para que ambas, colaborativamente, permitan llevar a cabo todas las funciones que le son asignadas al organismo, complementadas con un apoyo administrativo dimensionado a esas necesidades. Hacer atractivo, valorable y equitativo el binomio investigación-asesoría es también un reto que debe afrontar el ministerio. De igual manera que un profesor de universidad es valorado tanto por su labor docente como por la investigadora y ambas son baremadas en su currículo y promoción, en los OPI, por la necesidad que tiene el Estado de contar con el mejor asesoramiento posible, éste se debe prestigiar e incentivar al mismo nivel que la faceta investigadora, ya que el asesoramiento -contrariamente a lo que se argumenta- no es función de sólo los técnicos y las muy distintas cargas en estas funciones dependen en gran medida del área de trabajo y las tareas asignadas a cada equipo científico en su conjunto. Sólo así, tanto investigadores como técnicos verán compensada su dedicación por igual a todos los servicios y productos que un OPI como el IEO debe proveer al Estado y a la sociedad.

Porque el Ministerio de Ciencia e Innovación debe entender que el Reino de España necesita buenos equipos asesores que atiendan las necesidades científicas derivadas de la gestión de sus recursos naturales marinos, explotados o no. Para ello, a la credibilidad en sus investigaciones, cuya valoración se base en estándares internacionales, el personal IEO debe añadir la preeminencia de las mismas, que indica que la investigación, acción o evaluación llevada a cabo aborda los aspectos relevantes para el desarrollo de una normativa o estrategia de gestión determinada; así como su verosimilitud, donde el estándar lo fija una imparcialidad basada en una ética y una libertad reconocibles por terceros. Y debe ser también consciente que cuando del consejo científico se derivan consecuencias económicas y sociales para sectores productivos, como puede ser la pesca, la presión a la que son sometidos tanto técnicos como científicos es tan alta que, si no se incentivan y promueven convenientemente en equidad, lo normal es que se renuncie a esa faceta en aras de la estricta producción científica, que ésta sí que está valorada y baremada a través de la evaluación curricular, sin estar, por cierto, sometida a la presión de los sectores implicados, de los plazos de foros internacionales o de los efectos directos sobre los intereses generales del Estado. En todos los países existe este problema y, o bien se estimula esta faceta, o la capacidad de asesoría y consejo que una institución científica debe realizar, es decir, su verosimilitud y preeminencia, se verán aun más seriamente afectadas.

La crisis del IEO, además de un componente interno de gestión deficiente que aceleró lo que sería inevitable, se debe a la falta de una apuesta política para mejorar la eficiencia de las instituciones científico-técnicas. Baste recordar que el propio CSIC estuvo en quiebra. Y es que, mientras no se implemente un marco legislativo adaptado a los requisitos de las convocatorias que los financian (de carácter generalmente plurianual por proyectos de investigación competitivos y no competitivos o encomiendas de gestión, entre otros, además del presupuesto anual proveniente de los Presupuestos Generales del Estado) y se planifique su cuadro de personal para poder atender a las necesidades científicas, técnicas, asesoras y administrativas derivadas del mismo, la crisis institucional -que como hemos dicho no sólo es económica-, aunque se intente diluir políticamente con la integración en una estructura mucho mayor hasta hacerla invisible, va a estar ahí. Y ahí intervienen otros ministerios, como Hacienda o Política Territorial y Función Pública, así como los ya mencionados de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Nada de esto aparece en la carta escrita por el ministro a los trabajadores de los OPI. Si se quieren mantener las funciones del IEO, que como se ha dicho presentan matices diferenciales entre áreas y con las que posee el CSIC, y que en otros países de nuestro entorno por la propia naturaleza de las mismas se han mantenido como entidades diferenciadas, es necesaria esta profunda reflexión en cuanto a su propia misión al servicio del Estado y sobre la estructura y régimen jurídico económico-administrativo que necesitaría para llevarla a cabo. Y ésta parece que no se ha llevado a cabo ni está prevista, sino justo lo contrario. No al menos oyendo a todos los sectores implicados ni valorando los efectos colaterales sobre los intereses generales del Estado, posiblemente por desconocerlos en su enorme complejidad e importancia.

Por Pablo Carrera / Jaime Mejuto Investigadores de los centros del Instituto Español de Oceanografía en Vigo y A Coruña

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