Si no fuera porque el Gobierno lo admite sin rubor cada vez que se le pregunta por ello, y porque el propio Pedro Sánchez lo ha dado por hecho, resultaría difícil de creer. Pero sí. Va a suceder. La llamada mesa de negociación entre el Ejecutivo y la Generalitat sobre el «conflicto político» en Cataluña se va a reabrir en pocos días, en medio de una crisis económica provocada por el coronavirus que alcanza la categoría de emergencia económica nacional, y cuando las previsiones de organismos nada sospechosos de ser alarmistas prevén una caída del PIB superior al 20 % y una destrucción de millones de empleos. Mientras los ciudadanos afrontan angustiados sus vacaciones -o directamente las suspenden-, y reducen su gasto al mínimo por miedo a perder el empleo, el Gobierno va a dedicar tiempo y esfuerzo a sentarse a hablar sobre autodeterminación, en lugar de centrar todas sus energías en alcanzar un imprescindible pacto de Estado económico con el PP para hacer frente a un escenario alarmante.
Pedro Sánchez lleva más de dos meses sin llamar por teléfono al líder de la oposición, Pablo Casado. Y no hay señales de que vaya a hacerlo antes de irse de vacaciones. Pero sí considera prioritario que el Gobierno se reúna de inmediato físicamente con la Generalitat para hablar de igual a igual, como si fuera un Ejecutivo extranjero. La decisión resulta aún más incomprensible cuando ERC da la espalda a Sánchez en el Parlamento y no es imprescindible para aprobar los Presupuestos del Estado, ya que el presidente tiene en su mano formar mayorías alternativas sin contar con los independentistas. Que un Gobierno que representa a todos los españoles acepte el formato de una cumbre bilateral con una parte del Estado es una irresponsabilidad histórica. Pero dar ese trato de mandatario extranjero a un político como Joaquim Torra, condenado por una «contumaz» desobediencia a la Junta Electoral y que dentro de poco será inhabilitado por el Tribunal Supremo es algo que roza la imprudencia temeraria.
¿Qué aporta esa mesa al bien común de los españoles en este momento crítico para el país? ¿Qué puede negociar el Gobierno con quienes solo admiten hablar de independencia o de una amnistía inconstitucional para unos presos condenados por sedición? ¿Tiene sentido acordar nada con un presidente de la Generalitat que desprecia a la mayoría de los catalanes que no son independentistas y que solo obedece a un fugado de la Justicia como Puigdemont? ¿Qué imagen beneficia más a España en el extranjero, la del Gobierno negociando con quienes violan la ley y amenazan con volver a hacerlo o la de Sánchez y Casado compareciendo juntos y pactando? El Gobierno debería explicar por qué no llama al líder de la oposición para consensuar un programa económico de reconstrucción y sin embargo se presta a una farsa que solo sirve para que el independentismo haga campaña electoral con ella. Esa esperpéntica mesa no solo es inútil. Es un obstáculo para el gran pacto de Estado entre el PSOE y el PP. Esa, y no otra, es la cumbre que España necesita.