Difícilmente, ya sufren las consecuencias de una fuerte presión fiscal

Al igual que ocurrió en otras crisis pasadas, tanto el Gobierno como algunos de los organismos oficiales más destacados están empezando a lanzar mensajes advirtiendo de que será necesario un ajuste fiscal basado en subidas de los impuestos. Aunque el Gobierno de Sánchez se resiste aún a reconocerlo, la crisis fiscal que España arrastra desde la anterior crisis de 2008-2010 se está agudizando con enorme rapidez a tenor tanto de las últimas cifras de recaudación tributaria (anticipando una caída superior al 20% interanual de los ingresos fiscales en mayo) como del exponencial incremento de los gastos derivados de la crisis sanitaria en forma de estabilizadores automáticos como el coste de los ERTE.

Una vez dado el primer paso que es anunciar recortes vía subidas de impuestos, ahora viene lo más importante: qué impuestos se van a subir y sobre quiénes van a recaer. A este respecto, el «lugar común» es hablar de «las grandes fortunas» y «las grandes corporaciones», a las cuales se les señala como los responsables del fraude y elusión fiscal y, por tanto, susceptibles de una mayor presión fiscal para reducir la brecha con respecto a la media europea. Sin embargo, cuando se plantean este tipo de estrategias se obvian cuestiones tan importantes como que España es un país con una base fiscal de rentas altas y grandes empresas más pequeña que la media europea, que la tasa de paro española más que duplica la media también europea, la estructura económica difiere considerablemente o que la base de medianas y grandes empresas es muy inferior (0,7 % frente al 1,2 % de la UE-27 o el 3 % de Alemania).

En este sentido, si esta realidad no se toma en consideración, tal como ha ocurrido en reiteradas ocasiones en el pasado, la subida de impuestos quienes la terminan pagando son los contribuyentes de renta media y baja, formando parte de este grupo el grueso de los autónomos, ya que para conseguir los objetivos de recaudación es necesario ampliar las subidas a una base de contribuyentes mayor porque con los «ricos» no es suficiente. Incluso, puede pasar lo contrario que es que desaparezcan.

Aun siendo conscientes de que se necesitan más ingresos tributarios, ¿es buen momento para subir los impuestos a los autónomos y asalariados en el rango medio-bajo? Sin duda no, ya que los efectos negativos en términos de actividad, empleo y ahorro superarían los efectos positivos de incremento de la recaudación. Pero es más: estos contribuyentes ya soportan una presión fiscal notablemente elevada tanto en términos de PIB como en relación a la renta disponible promedio de la UE medida en paridad de poder de compra. Más concretamente, los autónomos españoles ocupan la posición 15ª en el ránking europeo en cuanto al pago de tributos sobre el trabajo (IRPF + cotizaciones Sociales se encuentra cuatro puestos por debajo de Francia) y la posición 8ª en presión fiscal sobre el capital (por ejemplo, los impuestos a pagar cuando se rescatan los planes de pensiones individuales son muy superiores que en Francia y aún más que Alemania), tal como señala el Informe 2019 de Tendencias Fiscales de la Unión Europea.

Por consiguiente, sería muy difícil que los autónomos españoles hicieran frente a una subida fiscal vía rentas laborales o de ahorro. Otra cuestión muy distinta es el IVA, ya que en la realidad es el tributo menos lesivo para los autónomos. Sin embargo, se atribuye erróneamente al IVA un importante daño cuando en realidad el problema es más de gestión de tesorería del autónomo que de «ser gestor» de un impuesto neutral a largo plazo a la actividad económica.


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