Galicia, al igual que España, tiene que afrontar los graves problemas derivados de las brechas de desigualdad social, económica y territorial. Se exigen nuevos servicios públicos y, sobre todo, se reivindica el mejorar los existentes. Se reclama definir los nuevos marcos de negociación público-privado y fijar las cuotas de sustitución y de reemplazo de los equipamientos relativos a determinados servicios públicos imprescindibles y con necesidades crecientes. De no acometerlos de inmediato, se corre el riesgo de marginalizar a un colectivo numeroso de personas.
Las quejas que se suceden en estas últimas semanas dejan claro que son precisos cambios estructurales. Antes, los manuales de la época recogían lo siguiente: «los presidentes decían lo que iban a hacer; y todo el mundo los obedecía». Ahora, se ha producido -afortunadamente- una situación de cambio social, y los ciudadanos exigen a los gobernantes unos mejores servicios públicos y más oportunidades para todos y por igual.
Las demandas vinculadas a la educación, salud, pensiones, prestaciones asistenciales y servicios sociales son cada vez mayores. Se explica porque las existentes se muestran insuficientes para los actuales requerimientos y porque se puede proceder a mejorar tanto la calidad de los servicios como el acceso a los mismos. Estas políticas no solo es preciso acometerlas desde una perspectiva más amplia y con una visión a medio/largo plazo, sino que resulta imprescindible cambiar la forma de gestión. En muchos momentos, da la impresión de que los gestores de dichos servicios olvidan los retos más urgentes; esto es, solo se concentran en asuntos rutinarios y sus actuaciones están orientadas, casi en exclusiva, a desarrollar campañas a su favor, sin atender y sin solucionar los problemas.
Por eso, ahora, tanto en España como en Galicia, se necesita escuchar a la sociedad y que las instituciones públicas formulen propuestas y apuestas de futuro. Hay que hacerlo desarrollando y reformulando estrategias sólidas y robustas; transparentes y viables; consensuadas y coherentes; evaluables y con posibilidad de corrección; con mecanismos de partenariado público/privado. En suma, fomentando iniciativas pioneras en favor de la sociedad, y pivotando dichas acciones en aquellas medidas que contribuyan a corregir las desigualdades y las brechas existentes.
A la luz de los acontecimientos más inmediatos, como los derivados de la pandemia del «coronavirus», quedan claras dos cuestiones. La primera, que no podemos ignorar aquellos fenómenos que nos provocan temor; y, la segunda, que no podemos dirigir nuestra atención hacia acontecimientos que generan descontento. Los gobiernos deben desarrollar y enfrentarse a tareas novedosas, de las que tenemos que considerar tres aspectos cruciales: hay que saber explicar el contenido de las políticas estratégicas; se debe justificar con rigor la adopción de las medidas aplicadas, y se debe evitar que las emociones, la irascibilidad y los temores se desborden. Hoy la sociedad, en su nuevo despertar, reclama una atención más calmada; fomentadora de una movilización y de una organización más coherente; y que dichas reivindicaciones y exigencias queden muy alejadas de la espontaneidad y de la improvisación.