No trato de acusar a nadie. Únicamente recojo testimonios publicados. Por este orden: 1.- Hace unos meses se publicó un protocolo de los servicios de Salud de la Generalitat de Cataluña cuyo contenido era escalofriante: se debía atender a los ancianos en los hospitales según su probabilidad de supervivencia y según criterios de edad. Es decir, que a los más viejos se les condenaba a morir sin atención médica.
2.- En la última semana estalló el escándalo de la Comunidad de Madrid con un enfrentamiento impúdico entre el consejero de Servicios Sociales (Ciudadanos) y el consejero de Sanidad (Partido Popular). El primero acusaba al segundo de protocolos según los cuales se condenaba a morir a muchos ancianos de forma indigna. La realidad de los hechos es que miles de mayores murieron en residencias. La ministra de Defensa había comunicado antes que la Unidad Militar de Emergencias había encontrado cadáveres en esos centros.
3.- La portavoz de la patronal de residencias, Cinta Pascual Montañés, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, compareció en el Congreso e hizo revelaciones escalofriantes. Pedían ingresos en los hospitales y les respondían alegando el colapso sanitario. Llamaron a todos los gabinetes de los ministros y les respondieron con reproches a otros políticos. Pedían médicos y enfermeras y les ofrecían bajas laborales. Y compraron material sanitario y se lo incautaron en un aeropuerto. «Usted no ha descrito una desatención -le dije en la radio-. Usted ha descrito una matanza de ancianos».
4.- Ayer se conoció que desde la misma Comunidad de Madrid se enviaron al menos cuatro correos a las residencias de ancianos con los correspondientes protocolos de actuación en medio de la pandemia. En ellos se daban instrucciones parecidas a las mencionadas de la Generalitat de Cataluña. El resumen es que no se podía atender a los mayores discapacitados y a los dependientes.
Como digo, no trato de acusar a nadie. Pero estas actuaciones son la cara más tenebrosa de la pandemia en España. Se comprende la dificultad de admitir a miles de enfermos más en unas UCI desbordadas. Se comprende también la dificultad de decidir sobre la marcha en una situación desesperada. Pero es imposible entender que se hayan montado hospitales como el de Ifema y no se haya encontrado -quizá ni buscado- un hueco para el sector de población de mayor riesgo, y eso que estaba avisado que el contagio más cruel se produciría entre los mayores de 70 años. Y hay que decirlo claramente: negar atención hospitalaria a un número indeterminado de personas es condenarlas a una muerte segura, según se pudo comprobar en las cifras finales de fallecidos: unos 17.000 en las residencias, 6.007 solo en la Comunidad de Madrid. Y no tengo noticia de ningún cese ni dimisión.