Poco a poco vamos pasando de una fase a otra en esta llamada desescalada dentro del estado de alarma decretado por la crisis provocada por el covid-19. Comercios, bares, restaurantes van abriendo sus puertas con limitaciones de aforo y otros servicios e industrias se van reactivando con las medidas de protección que, aún son necesarias, para volver a producir y que la economía pueda crecer.
En cambio, en la Universidad seguimos teletrabajando, los exámenes son virtuales y solo nos dejan acceder a nuestros despachos para, previa autorización, poder recoger materiales, notas, apuntes necesarios para poder acabar, a finales de julio, este extraño curso.
Pero desde los rectorados de las tres universidades gallegas están impulsando un documento, temporalmente paralizado en la USC ante las primeras críticas recibidas (surgido después de otro promovido por la Xunta y, posteriormente retirado), que apunta a una importante limitación para el próximo curso en la docencia presencial, que puede ser necesaria en el caso de un posible rebrote de la pandemia pero que, en una situación normal, no es lo que define a nuestras universidades.
Porque dar una clase es más que soltar un discurso (presencial u online), es interactuar con nuestros estudiantes, ver qué problemas tienen para entender un concepto, ayudarles en sus búsquedas, preocuparte por el desarrollo de esas competencias que, cursando nuestras materias, deben adquirir. Y para que todo esto se desarrolle con las mayores garantías de éxito, el plasma, les puedo asegurar, no ayuda nada.
Pero, además, si los estudiantes se quedan en sus casas y no hay movilidad, las economías de las ciudades universitarias también se resentirán (alquileres de pisos, fotocopiadoras, bares y restaurantes, gimnasios, etcétera). De hecho, hay estudios que miden el impacto de las universidades en las economías locales, tanto a nivel social, económico, demográfico y cultural. Estos impactos son directos e indirectos, siendo en el primer caso aquellos que afectan directamente al consumo y a la producción y, por ello, a la renta local. Los segundos, indirectos, se pueden cuantificar en términos de empleos, en el caso de la Comunidad de Madrid, hay un estudio, que estima que, por cada empleo de la Universidad pública se generaron 2,18 empleos en el conjunto de su economía, posiblemente mayor en ciudades como Santiago o Salamanca.
Una parte de esta llamada desescalada tiene un contenido social, pero otra es claramente económica y consiste en ir activando los distintos sectores para frenar la sangría de destrucción de empleo y pérdida de rentas que se está produciendo por el confinamiento de la población. La Universidad cumple un papel en ambos objetivos, por su aportación al conocimiento y a la cultura, pero también a la economía y ese papel solo se puede cumplir con un carácter presencial, con nuestros estudiantes y trabajadores (profesorado y PAS) interactuando en el entorno, lo que no se comprende por qué no se está pudiendo hacer adoptando las medidas de seguridad que ya se están aplicando a otros ámbitos de trabajo.
Del plan presentado se pueden sacar algunos puntos positivos. Está claro que tenemos que seguir formándonos, mejorar nuestras competencias digitales y las de nuestros estudiantes, estar preparados ante posibles nuevos rebrotes, pero con el horizonte de ir normalizando nuestra situación, al igual que está haciendo el resto de la sociedad, no con la de convertir en normal lo que es excepcional.