Una ayuda extraordinaria para tiempos extraordinarios


¿Debería el ingreso mínimo vital ser para siempre? No debería; a pesar de que está definido como un ingreso permanente, muchas voces apuntan a que debería ser una ayuda extraordinaria para tiempos extraordinarios, pero que prolongada en el tiempo podría ser ineficiente si desincentiva a las personas a buscar un empleo.

De hecho, las experiencias internacionales en la aplicación de rentas, similares, como en el caso de Finlandia (2017-2018) no tuvieron resultados concluyentes y llevaron a la eliminación de las mismas. Recordemos que, este, fue un programa piloto donde se seleccionaron a 2.000 parados y se les asignó una renta de 560 euros mensuales. Al finalizar el programa, una gran mayoría no había sentido necesidad de buscar un empleo. En Suiza incluso hubo un referendo sobre la implantación de una renta básica, pero la estimación del incremento en la presión fiscal hizo que, los ciudadanos de este país, votaran mayoritariamente en contra de esta medida.

Además, en España ya hay un amplio conjunto de prestaciones y subsidios. Desde la prestación por desempleo (contributiva) hasta las ocho prestaciones asistenciales (ayudas o subsidios), las ayudas extraordinarias (renta activa de inserción o el subsidio extraordinario por desempleo) o las rentas de inserción de las comunidades autónomas (como la Risga gallega). Prestaciones, subsidios, rentas que se complementan con diversas ayudas de carácter social (como los bonos energéticos, ayudas al alquiler, a compra de material escolar y un largo etcétera).

Pero la implantación del ingreso mínimo vital puede tener varios problemas: por una parte, dada la experiencia en la gestión de los ERTE (que aún no están cobrando todas las personas acogidas desde el inicio, hace más de dos meses, de la declaración del estado de alarma), habrá que ver cuánto tiempo habrá que pasar hasta que la población, teóricamente beneficiaria, pueda tramitarlo y cobrarlo. Por otra parte, hay que recordar que su financiación va a ser a través de deuda (el coste estimado es de unos 3.000 millones de euros), por lo que, si la medida es permanente, nos llevaría a niveles no sostenibles en el tiempo (en una Seguridad Social que ya acumula, según algunas previsiones, los 30.000 millones de déficit).

Dada la situación de colapso de gestión de la Seguridad Social, y de que ya existe un amplio conjunto de ayudas destinadas a «garantizar un mínimo de subsistencia personal a personas que no tienen los recursos mínimos necesarios para cubrir sus necesidades» (definición de la risga), a lo mejor hubiera sido más eficiente analizar y revisarlas, mejorarlas, simplificarlas en procedimientos y plazos de pago (en los casos en los que sea necesario), en lugar de establecer una nueva que tiene más tintes políticos que económicos.

Pero, una vez puesta en marcha, y volviendo a la pregunta inicial, una vez superada esta crisis, la mejor ayuda que un ciudadano puede recibir es que el Estado establezca las medidas necesarias para impulsar la actividad económica y la generación de empleo. Que las personas opten a un puesto de trabajo es, y seguirá siendo, la mejor política social de un país. Porque los costes económicos de la misma serán muy elevados y su permanencia en el tiempo solo se garantizaría con un aumento en los impuestos que pagamos todos, o que lo acaben pagando nuestros hijos.

Por Maite Cancelo Profesora de Econometría de la Universidade de Santiago y miembro del grupo Hispalink-Galicia

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