Primeros grandes descosidos en el «escudo social»


Alcoa en San Cibrao, Nissan en Barcelona. Dos golpes en el mismo día. Dos zarpazos a este país que no tiene política industrial reconocida. Dos petardazos a la economía cuando se está tejiendo una recesión sin precedentes. Con el anuncio de esos cierres o despidos masivos va a terminar un mes de mayo en el que parecieron darse cita todas las crisis. No son casos iguales, pero sí parecidos. Se parecen en que ambas empresas son de capital extranjero y las multinacionales no tienen oídos ni sensibilidad para sostener centros de producción sin rentabilidad. Las decisiones de cierre o de ajuste se adoptan con frialdad y sin más referente que la cuenta de resultados. El accionista es implacable. Y se parecen en que ambas recibieron ayudas públicas, que no sirven de nada ante las dificultades del mercado.

Y son diferentes en sus efectos sociales y en la responsabilidad de los poderes públicos en el desenlace final. Numéricamente, son menos los trabajadores amenazados de despido en San Cibrao que los de Barcelona. Son 534 empleos directos en Alcoa frente a 3.000 en Nissan. Pero los efectos son más dolientes aquí. Aquí se desmantela una parte esencial del tejido económico de toda una comarca, A Mariña, con dificultades de colocación posterior y pérdida del capital humano de esa plantilla especializada. «De Alcoa comemos todos», dijo el alcalde de Foz. En Barcelona hay más oportunidades de empleo y quizá haya más interés de las administraciones públicas en evitar un nuevo foco de conflicto en aquel polvorín en tregua temporal por el coronavirus. A Alcoa ni siquiera se intentó salvarla con una tarifa eléctrica que la hiciera competitiva. Se incumplieron todas las promesas. Se confió en que el problema se resolvería solo. Nissan todavía recibió el año pasado una ayuda pública de tres millones de euros.

Ahí tiene el Gobierno Sánchez los primeros descosidos de su presuntuoso «escudo social». Ahí tiene la llamada de atención de la España real, desgraciada pero oportunamente aparecida cuando se trata de pactar la reconstrucción, palabra talismán de la coalición gobernante. El escudo social no es solo una política de protección, subvenciones y subsidios, sin duda imprescindible, pero la más fácil porque solo depende de la voluntad de gasto y endeudamiento público. El escudo social es tener empresas viables que creen riqueza y empleo. Y la reconstrucción quizá empiece por alumbrar de una vez una política industrial, a la que este país renunció hace años. Renunció tanto, que creyó que «la mejor política industrial es la que no existe» y hubo gobiernos que no tuvieron siquiera Ministerio de Industria. Pues ahí están las consecuencias. Y quizá no hicieron más que empezar.

* Lee aquí todos los artículos publicados en La Voz por Fernando Ónega

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