El caso Marlaska: la jueza y el ministro

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

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28 may 2020 . Actualizado a las 09:23 h.

Del follón montado por la destitución fulminante de Pérez de los Cobos solo hay dos cosas indiscutibles. La jueza tiene el derecho a exigir a la Guardia Civil, erigida en policía judicial, cuantos informes le plazca y bajo secreto de confesión. Y el ministro tiene derecho a destituir al jefe de la comandancia de Madrid, o cualquier otro cargo de libre designación, con un argumento tan difuso y subjetivo como la pérdida de confianza: ya no me fío de usted, gracias por los servicios prestados.

Ese desdoblamiento del instituto armado, su doble dependencia de los poderes ejecutivo y judicial, funciona normalmente sin grandes distorsiones. El guardia civil multa al conductor por orden del Gobierno o persigue al narcotraficante por orden del juez. El problema surge cuando el investigado no es el terrorista o el defraudador fiscal, sino quien te ha nombrado.

-A ver, amigo Cobos, cuéntame qué tejemanejes se trae la jueza.

-Lo siento, ministro, la ley me obliga a guardar silencio.

A él sí, pero como en los juzgados no hay secretos, los 81 folios del informe de la Guardia Civil ya están sobre la mesa del ministro y colgados en el tendal de los medios como la lencería íntima del Gobierno. Y la gente se espanta al ver su contenido. En vez de investigación, un refrito de bulos propalados por dos medios digitales de la derecha. Testimonios manipulados, ocultaciones y medias verdades, declaraciones truncadas, clamorosos errores, incluidas las fechas. Todo un artefacto insidioso para demostrar que el delegado del Gobierno no prohibió (la autorización la da la Constitución) la manifestación feminista del 8 de marzo, a sabiendas de que desataba una matanza en Madrid.

Comprendo el cabreo y la decisión del ministro. Nadie confiaría en quien apadrina un informe infame, ni nadie gobierna con quintacolumnistas al lado si puede evitarlo sin transgredir la ley. Todos intuimos que el atestado fue la causa del cese, o su detonante, pero él no puede decirlo. Está acorralado. Toda justificación que exceda de la genérica «pérdida de confianza» solo empeora su situación. Insinuar, trastabillándose, que Pérez de los Cobos dimitió, supone insultar la inteligencia del público, provocar el inmediato desmentido e incluso defraudar a quienes no entendían cómo mantenía al coronel en el cargo. Anunciar la subida salarial a los guardias civiles significa no entender nada del cuerpo a sus órdenes. Vano intento de apagar el incendio.

A quien no comprendo en absoluto, con o sin informe, es a la jueza que acusa de prevaricación al delegado del Gobierno. Consultaré a los catedráticos del ramo para saber cómo se prevarica por no prohibir el ejercicio de un derecho básico como el de manifestación. No por tomar una decisión injusta a sabiendas, sino por abstenerse y no tomar la decisión adecuada. Espero que la jueza, en aras de la justicia universal, procese de inmediato al presidente Macron por no prohibir la primera vuelta de las elecciones francesas. Y al Gobierno sueco, por no prohibir la libre circulación de sus ciudadanos.