Torpe, inoportuna, desproporcionada

Echar abajo la legislación laboral de un país no es solo anular una ley y los decretos que la complementan. Es cambiar las reglas de juego en uno de los ámbitos más sensibles de la sociedad. Es apostar por un modelo distinto que solo se justifica si el modelo derribado demostró insuficiencia o ineficacia. Es introducir en la economía un factor que puede animar o hundir la actividad económica y el empleo. Es, por tanto, una decisión extremadamente delicada, que requiere mucho estudio previo, mucho debate público, mucho consenso político y mucho acierto en el momento elegido. Ninguna de esas circunstancias se dan en el desgraciado acuerdo que la coalición gobernante firmó con EH Bildu. Y le llamo «desgraciado» por varias razones.