La presentación del Informe Cotec 2020 sobre la innovación nos lleva, en algunos de sus análisis, a la sorpresa. Cierto que es habitual en estos informes una comparativa sobre años precedentes. Menos habitual, si no se contextualiza ampliamente, es pretender una visión «histórica». En este sentido no se puede obviar, si se analiza la I+D en España, el mandato de la ministra Garmendia (abril del 2008-diciembre del 2011). Un mandato encabalgado en la crisis financiera del 2008, caracterizado por una nueva Ley de Ciencia, y por ser el comienzo de los grandes recortes en I+D, así como otras medidas sobre los organismos de investigación y universidades que subyacen en la actual situación. Tampoco son de olvidar las actuaciones del ministro De Guindos, sobre todo las presupuestarias, de gestión y no desarrollo de la ley del 2011.
El ministro Duque llega, después de siete años de gobierno Rajoy, en una situación política de gran complejidad en la que debe operar con presupuestos prorrogados del 2018 y con una legislación que, desde el 2015, inmoviliza la gestión de los organismos de investigación. Además, debe poner en marcha la Agencia de Investigación, creada por la ley Garmendia del 2011, pero paralizada hasta diciembre del 2016 por el gobierno Rajoy. Añádanse a ello algunas secuelas del programa de créditos para Parques Científicos y Tecnológicos, que se han tenido que paliar en plena pandemia con una moratoria en la amortización de los créditos, proponer cambios en la gestión presupuestaria de los organismos de investigación e incluso de la propia Agencia Estatal de Investigación, y con ello se podrá contextualizar una baja ejecución presupuestaria que en un 90 % corresponde al capítulo financiero (créditos), que no ha dejado de crecer en los últimos años. Al mismo tiempo que la financiación para investigadores e infraestructuras disminuían.
Cuando el informe Cotec subraya la baja ejecución presupuestaria debería considerar tales extremos. En el 2008 los créditos financieros suponían el 51 % del presupuesto de I+D, con una ejecución del 80 %, que ya en el 2009 fue del 70 %. En el 2019 los créditos pintaban el 60 % del presupuesto de I+D. Ejecución en declive porque quizá la capacidad de endeudamiento del sistema se acercaba a su máximo ya desde el 2009, y era un instrumento poco adecuado para las empresas. Quizá sea ya en el año 2009 y el 2010, cuando teníamos créditos «por encima de nuestras posibilidades». Créditos pintados para maquillar los flacos presupuestos de I+D, como tantas veces los científicos y sus sociedades han denunciado. Sorprende también en el informe Cotec el análisis de la I+D en las comunidades autónomas, sin abordar la inversión real y su destino. Cuanto más que las comunidades autónomas tienen competencias concurrentes con el Estado y desde luego algunas de ellas con políticas públicas muy consolidadas. Y el Estado, sin políticas ante todo ello.
La política de I+D necesita acciones en profundidad y lo hecho son paliativos insuficientes, pero los problemas de la I+D no empiezan en el 2018.