«Eres cocainómana; mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado por las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros». Eso gritó la hoy diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra a la agente de la policía municipal número 7092.0. A otra agente, la 5537.2, la señora Serra se dirigió en unos términos también inequívocamente feministas: «Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza. Si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro».
Esas dos inigualables frases, proferidas por Serra en los enfrentamientos con la policía en los que participó en el 2014, con motivo de un desahucio, figuran como hechos probados en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la dirigente de Podemos, a la que condenó por los delitos de atentado, lesiones leves y daños a las penas de un año y siete meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y a dos penas de multa de cuatro meses.
Todo lo narrado no tendría mayor trascendencia en un país donde se dictan con frecuencia sentencias contra políticos de todos los colores, de no ser porque Pablo Iglesias salió, en cuanto se hizo público el pronunciamiento judicial, en defensa de su correligionaria: «En España mucha gente piensa que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso».
Las palabras de Iglesias resultan sencillamente increíbles en quien ocupa una vicepresidencia del Gobierno, según lo han destacado, atónitas, todas las asociaciones judiciales e, igualmente, el propio Consejo General del Poder Judicial en un comunicado donde subraya su «absoluto y rotundo rechazo» a tan inadmisible vulneración de la división de poderes en un Estado de derecho por parte de una de las más altas autoridades del Ejecutivo.
Pero no se trata solo de eso, pues, más allá de poner en duda la imparcialidad de los jueces, las palabras de Iglesias, que debe creer que Podemos está por encima de la ley, constituyen, en justa expresión de la asociación judicial más cercana a la izquierda, Jueces y Juezas para la democracia, «un inadmisible desprecio a la verdad como presión a la independencia judicial». Y es que, contra lo que afirma falsamente Iglesias, Serra no fue penada por estar en contra de un desahucio sino por la comisión de varios delitos, según consta en la sentencia judicial que la condena.
Sánchez designó en su día a un vicepresidente inaudito, que obliga al PSOE y al Gobierno a guardar constantemente silencios ominosos o a hacer sobre sus salidas de tono afirmaciones vergonzosas. La última -la de la portavoz del Ejecutivo defendiendo que la gravísima actuación de Iglesias es una manifestación de su libertad de expresión- pone de relieve hasta que punto el líder de Podemos se ha hecho dueño de un Gobierno que, incapaz ya de controlarlo, ha unido su suerte a la de quien nada lo merece.