Paisaje después de la batalla


La pandemia global generada por la extensión del COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria de enormes proporciones, cuyas consecuencias no solo serán en términos de salud, sino también económicas y laborales. El confinamiento mundial de 3.000 millones de personas y el cese de la actividad económica y comercial correspondiente ha dejado ya a decenas de millones no solo sin empleo, sino también sin ingresos, dado que el 60 % de los empleos en el mundo están en la economía informal y el 55 % de la población mundial no tiene ningún tipo de protección social.

En el caso de los países europeos que disponen de amplios sistemas de protección social, como España, aunque el cese temporal de la actividad económica está teniendo también un impacto devastador sobre el empleo, sus consecuencias sobre los ingresos están siendo más limitadas dadas las medidas extraordinarias de carácter laboral y de protección social en favor de los trabajadores que han adoptado sus gobiernos -también el de España- para evitar los efectos sociales más adversos, especialmente en los sectores más vulnerables, y un sufrimiento añadido al de los contagios y muertes por el coronavirus. También están adoptando medidas fiscales y financieras de apoyo a los trabajadores autónomos y a las empresas que buscan evitar daños irreversibles a la economía y al tejido productivo.

Aunque el coste fiscal de la paralización económica, del apoyo financiero a empresas y autónomos y de las ayudas sociales está siendo enorme, es un esfuerzo temporal del que empresas y cuentas públicas podrían recuperarse, si la crisis sanitaria no amenazara con provocar una descomunal crisis económica y de empleo en todo el mundo. Las primeras previsiones de la OIT -que llegaban a cuantificar en 25 millones las pérdidas de empleo, en 35 millones el incremento de los trabajadores en situación de pobreza severa y en 3 billones de euros la pérdida de ingresos laborales como consecuencia de la crisis económica que seguirá a la crisis sanitaria- se están quedando cortas.

Pero este desolador paisaje después de la batalla, para el que conviene estar preparados, no tiene por qué concluir en una crisis como la que hace ahora una década asoló la economía y el empleo de muchos países durante años, cuya recuperación plena en lo social está todavía pendiente, como en el caso de España. No solo porque las causas son diferentes -aquella crisis fue la consecuencia de una burbuja financiera e inmobiliaria insostenible-, sino porque también se pueden extraer lecciones sobre los negativos efectos y retardantes para la recuperación económica y social de las políticas de austeridad extrema y de desmantelamiento de lo público, y, en consecuencia, adoptar medidas de recuperación totalmente diferentes.

Ese es el desafío al que se van a ver confrontados todos los países del mundo y, en el caso de Europa, en forma de un dilema existencial: o la financiación de las millonarias inversiones que cada país europeo ha identificado como imprescindibles para levantar su economía se realizan de forma mutualizada y se orientan hacia los cambios necesarios, como la transformación digital y la transición energética contemplados, o es el propio devenir europeo y su lugar en el mundo lo que se estará poniendo en riesgo. La decisión no es para después, sino que se está tomando ya a la vez que se adoptan las decisiones para financiar las medidas para responder a la actual crisis sanitaria y económica. Europa había decidido con acierto apostar por un Green New Deal para hacer frente al cambio climático y transformar su modelo productivo para hacerlo más sostenible, pero sin comprometerse todavía a la financiación necesaria. Hoy tiene la oportunidad de completar su apuesta orientando las inversiones de reconstrucción en esa perspectiva. Es una oportunidad que ni Europa, ni los demás países del mundo pueden dejar escapar. El diálogo social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que configuran la Agenda 2030 de Naciones Unidas son una buena guía, más necesaria que nunca, para resolver los desafíos de nuestro tiempo, tan incierto y convulso.

Por Joaquín Nieto Director de la oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

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