No hay modelo económico que resista a una hibernación prolongada de empresas y personas. Desde principios de marzo venimos atendiendo infinidad de consultas de pymes y autónomos. En esta última semana ya asoma el «non resisto, vou ter que pechar».
Y es que los distintos decretos publicados hasta ahora por el Gobierno apenas han ofrecido medios de defensa para adoptar decisiones cruciales sobre la continuidad de los negocios. Sobra imprevisión y racanería para una crisis de esta magnitud. Falta agilidad y solvencia para combatir la insolvencia. Y la incertidumbre es máxima.
Pero hay datos que sí conocemos. Sabemos que, finalizados los ERTE, muchas empresas no van a ser capaces de reactivarse, siendo previsible que acaben en situación de insolvencia. También que, a diferencia de la crisis del 2008, básicamente financiera, la actual afecta a la cadena de suministro. Los contagios provienen de cierres impuestos o de la cascada de impagos. En el 2008 el número de concursos de acreedores creció en España un 180 %. Entonces casi no se presentaban concursos de personas físicas. Se avecina un tsunami y los juzgados de lo Mercantil son nuestras ucis. No podemos permitirnos su colapso.
Necesitamos hospitales de empresas, no morgues. Además del plan de refuerzo judicial, adecuar los mecanismos preconcursales, fortalecerlos y divulgarlos es inaplazable. Habilitar ya escenarios de negociación «de campaña» con incentivos y plazos más generosos. Absoluta implicación de todos los operadores, incluyendo entidades financieras y administraciones públicas, para alcanzar acuerdos de refinanciación, acuerdos singulares o adhesiones de acreedores. Con intervención de profesionales concursales cualificados capaces de actuar como facilitadores del primer tratamiento y diagnóstico al juzgado. Son los epis, la hidroclohexidina mercantil o puede que la vacuna de un tejido productivo dañado.
Y si finalmente el concurso deviene inevitable, no estigmatizarlo. Presentado en tiempo y forma es una decisión empresarial correcta. Y puede trabajarse como solución con los respiradores que ya tenemos si la empresa fuera viable. Si no lo es, toca una liquidación ordenada y rápida pagando a los acreedores hasta donde alcance, sin miedo a la calificación. No olvidemos que nuestro actual modelo económico obliga a endeudarse.
Lamentablemente, el COVID-19 ha cogido a nuestro ecosistema concursal inmerso en pleno proceso de aprobación del texto refundido de la nueva ley concursal para implementar la muy necesaria directiva (UE) 1023/2019 sobre reestructuración y segunda oportunidad. Pero la situación es tan excepcional que no parece recomendable una inmediata entrada en vigor, pues obligaría a un esfuerzo de reinterpretación con la consiguiente distracción de recursos. Sin perjuicio de acudir a estos textos como referenciales, aprovechemos la preparación y experiencia de nuestros jueces de lo Mercantil. Desde un prisma de flexibilidad sabremos cómo salir.
De lo que estoy convencido es que, vista la crudeza global de la pandemia, nos hemos ganado el derecho como sociedad a discutir la posibilidad de no deber nada con un mecanismo de segunda oportunidad mucho más ágil y eficiente. Necesitaremos regresos sin mochilas y en un plazo no mayor de tres años, cumpliendo requisitos razonables para la exoneración. Detrás de cada situación de insolvencia generada por la pandemia hay un drama humano. No lo proyectemos más porque hemos superado los 20.000.