La soberanía nacional recupera su sitio


El acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para trasladar a una comisión del Congreso lo que el Ejecutivo llamaba una «mesa de reconstrucción económica y social» es la mejor noticia que se ha producido en el ámbito político desde que comenzó la crisis del COVID-19. Que el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición continuaran sin hablar y sin consensuar nada cuando han muerto ya más de 20.000 españoles infectados por el coronavirus era no solo una situación política aberrante, sino también una irresponsabilidad que avergonzaba a la inmensa mayoría de ciudadanos que sufren las consecuencias de la pandemia y contemplan con angustia las devastadores repercusiones económicas que tendrá.

Nada garantiza que el PSOE y el PP sean capaces de consensuar ahora una posición de Estado. Pero el mero hecho de que Sánchez y Casado hayan sido capaces de ponerse de acuerdo es ya algo bueno en sí mismo. Y aun mejor es que se redirija cualquier posible acuerdo al ámbito parlamentario, porque ello supone devolver a la sede de la soberanía nacional unas decisiones que pueden condicionar no solo la eficacia en las medidas sanitarias contra el virus, sino también el futuro económico de España durante años. Invocar unos nuevos Pactos de la Moncloa carecía de sentido, porque España no necesita revisar su marco democrático, como sí ocurría en 1977, ni tiene lógica alguna que en una democracia consolidada los partidos participen en condiciones de igualdad en una mesa política independientemente de la representación de cada uno en función de su resultado electoral. Para gobernar hay que contar con una mayoría en el Parlamento Y lo que Sánchez pretendía era paliar su debilidad política mediante un acuerdo alcanzado extramuros de las Cortes, que se haría extensible a los Presupuestos, forzando al PP a sumarse bajo amenaza de ser tachado de desleal.

La creación de una comisión en el Congreso no puede servir sin embargo de excusa para dilatar la adopción de medidas urgentes para salvar vidas y sostener el tejido empresarial. Por ello, el PP debe actuar con la máxima responsabilidad, al margen de intereses partidistas. Pero el líder del PSOE fue investido gracias a los votos del PNV y la abstención de ERC y EH Bildu, que hoy no le garantizan su apoyo -ni siquiera para hacer frente al COVID-19- si no es a cambio de ceder en cuestiones que nada tienen que ver, como el derecho de autodeterminación. El socio de Sánchez, Unidas Podemos, plantea medidas que llevarían al cierre de miles de empresas privadas. Algo no solo inaceptable, sino también contraproducente para la recuperación económica y la creación de empleo. Por tanto, Sánchez debe decidir ahora si, en medio de una pandemia sin precedentes, prefiere pactar con el PP y Cs para garantizarse una mayoría capaz de aprobar por holgada mayoría medidas económicas prudentes y ayudas sociales imprescindibles, o seguir en precario, preso de su radical socio de Gobierno y de unos partidos independentistas a los que España, ya lo dijeron, les importa «un comino».

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