La lealtad que el Gobierno exige a la oposición constitucionalista desde que empezó la crisis del COVID-19, siempre acompañada de una durísima censura a su supuesta deslealtad, vuelve a poner en primer plano dos básicas cuestiones democráticas.
La primera se refiere a cual debería ser el papel del PP y de Cs frente a la gestión de un Gobierno, que, además de reaccionar tarde, mal y a rastro contra la pandemia (algo sobre lo que existen ya sólidos estudios) vive instalado en un caos que se traduce en los campos sanitario y económico: si en el primero es suficiente con recordar los gravísimos problemas del desabastecimiento de material médico o el hecho increíble de que más de un mes después de iniciarse la epidemia desconozcamos el número real de positivos y de fallecidos, en lo relativo a la economía basta mencionar el desbarajuste provocado por el atasco formidable de los ERTE.
¿Qué debe hacer la oposición ante tan desolador panorama? ¿Guardar silencio y hacerse cómplice de los graves errores del Gobierno? La oposición democrática está controlando la acción del Ejecutivo, lo que es no solo su derecho sino también su obligación, con seriedad y responsabilidad, como lo demuestra la comparación entre su comportamiento y el que mantienen Vox y los separatistas: los primeros diciendo verdaderas salvajadas, a cada cual mayor; y los segundos, entorpeciendo todo lo posible la labor del Gobierno, mientras el PP y Cs la facilitan en el Congreso sin impedir, con su voto a favor o su abstención, que aquel saque sus iniciativas adelante.
Pero en democracia la lealtad no solo compete a la oposición sino también al Gobierno, siendo hoy en España muy dudoso que el de Sánchez cumpla esa condición, indispensable en una coyuntura de la gravedad de la actual. No es leal el Gobierno que actúe con tan absoluta unilateralidad, pues Sánchez no concierta sus medidas ni con las comunidades autónomas (a las que solo informa a posteriori) ni con la oposición democrática, a la que ignora por completo. No es leal el Gobierno que abusa del estado de alarma, extendiendo la acción penal del Estado a simples infracciones administrativas o que ampara bajo un paraguas de excepcionalidad medidas políticas y económicas que difícilmente tienen en él adecuada cobertura. No es leal el Gobierno que se vale del CIS de una forma vergonzosa, y sin precedentes, para obtener conclusiones sociológicas que benefician su estrategia política o para averiguar qué respuesta social podría tener una severa limitación de la libertad de información. Y no es leal el Gobierno que manipula hasta el escándalo a RTVE, imponiendo una asfixiante presencia del Ejecutivo, cuyo máximo titular trata a los periodistas de un modo inadmisible.
La dureza de la epidemia del coronavirus acorralaría a cualquier Gobierno. Pero, cuando un presidente llega la Moncloa, debe aceptar lo que se le venga encima. Y si para hacerle frente exige lealtad a la oposición, lo menos que cabe esperar es que sea leal con ella y con las reglas democráticas.