Hace dos semanas, el editor de este diario dirigía una carta pública al presidente del Gobierno en la que, entre otras cosas, subrayaba un hecho político esencial que preocupa con razón a millones de españoles: «De todo lo que nos ha sobrevenido en estos quince días de situación insólita -escribía Santiago Rey- lo más inexplicable, lo más difícil de argumentar y de entender, es ver que una parte del Consejo de Ministros intenta aprovechar la debacle para hacer su propia guerra ideológica». Ayer mismo, un editorial de La Voz remachaba la misma idea al insistir en que, de entre todos los elementos perturbadores del presente, destaca «haber llevado al Gobierno del país a una posición tan escorada que está impidiendo no solo dar una respuesta coherente a los desafíos que tiene hoy la sociedad española, sino que imposibilita cualquier acuerdo leal entre las fuerzas políticas».
En plena demostración de que Podemos contribuye decisivamente a reforzar el desbarajuste de una acción gubernamental marcada por una torpe ineptitud, todos observamos estos días lo que solo puede calificarse como un espectáculo inaudito: la gestión de la llamada renta mínima universal, que el Gobierno prepara para ayudar a las familias en situación más vulnerable.
Este martes, la ministra portavoz, tras insistir en que, dada su importancia, la medida no podía improvisarse, informaba de que saldría adelante en unos meses. Al día siguiente, en el Congreso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento donde se prepara el proyecto de ley que se presentará al Consejo de Ministros, aclaraba que harían falta unas semanas para conocer sus principales detalles (número de beneficiarios y cuantía), pues «se necesita tiempo para que [la renta] esté bien diseñada, llegue a quien tiene que llegar y sea efectiva». Este mismo miércoles, sin embargo, Iglesias, que se revuelve como gato panza arriba para evitar que la parte socialista del Ejecutivo protagonice la iniciativa, se entrevistaba con el presidente del Gobierno, con quien, según informaba la vicepresidencia, acordaba presentar ayer públicamente una medida que entraría en funcionamiento el mes que viene. Sin embargo, y dando una vuelta de tuerca más en tan increíble culebrón, ayer el ministro de Inclusión declaraba que se había enterado de tal acuerdo, real o supuesto, ¡por la prensa!
Y todo, queridos lectores, en un asunto que va a suponer un gasto público realmente extraordinario («significativo» en palabras del ministro), en un futuro que se caracterizará por el simultáneo hundimiento de los ingresos fiscales y el crecimiento extraordinario del presupuesto de las administraciones públicas.
Pensar que en un tema de esta importancia económica y social la improvisación y la lucha interna entre partidos definen la actuación del Gobierno pone los pelos como escarpias y explica por qué, también en la esfera sanitaria, las cosas marchan como marchan: con España liderando los peores datos oficiales de fallecidos e infectados.