Justicia después de la crisis

Ignacio Bermúdez de Castro
Ignacio Bermúdez de Castro PASOS SIN HUELLAS

OPINIÓN

13 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial prepara un documento sobre las medidas organizativas y procesales para intentar paliar el colapso de la Administración de Justicia una vez finalice el estado de alarma. Nada que objetar, pues es de todos sabido que se espera una avalancha de casos una vez que empecemos a dejar atrás esta pesadilla. Pero no pequen de temerarios y actúen con todas las cautelas posibles. Por encima de todo debe respetarse el espíritu de nuestra Carta Magna y, más concretamente, lo recogido en el artículo 24 de la Constitución referido al derecho que todo español tiene a la tutela judicial efectiva y a que no pueda producirse indefensión en sus aspiraciones de obtener justicia. Puede resultar peligroso para un estado de derecho que se legisle en el sentido de desincentivar las litigaciones sin fundamento, según para quien, con amenaza de imposición de multas, aparte de las costas. Lo mismo con la posibilidad de dictar sentencias orales, siempre carentes de la debida reflexión que todo magistrado necesita dedicarle a cualquier resolución judicial por él dictada. Igualmente, y por citar tan solo otro ejemplo, la propuesta de elevar a 6.000 euros el requisito económico para recurrir determinadas resoluciones administrativas. ¿No recoge el artículo 14 de la CE que todos los españoles somos iguales ante la ley? Y el que se haya quedado sin trabajo y se vea obligado a recurrir una multa de 5.000 euros, ¿se quedará sin la posibilidad de hacerlo? Miedo me da perder las garantías judiciales que deben presidir toda democracia. Y más terror me da todavía que, una vez se haya legislado al respecto, las reformas recién llegadas lo hayan hecho para quedarse.