Filantropía y estado de alarma


La crisis del coronavirus, como otras crisis, ha desatado un impulso natural de solidaridad. Cada uno quiere contribuir en la medida de sus posibilidades. Estas son distintas dependiendo de si somos ciudadanos o empresas, pero cualquiera de ellos está mostrando sentido de la responsabilidad hacia lo común, siendo una de las manifestaciones más relevantes de solidaridad el acto de donación, tanto si es dineraria como si es en especie.

Aún no sabemos cuánto se han incrementado las donaciones en el último mes ni cuál va a ser el perfil del donante en el 2020, comparado con años anteriores, en los que la donación media de personas físicas se estima en 180 euros y la de las empresas en alrededor de 20.000 euros anuales. Tampoco sabemos cómo será esa foto cuando nos comparemos con Europa o con Estados Unidos, teniendo en cuenta la globalización de la pandemia y las respuestas a la misma. España es un país solidario y no toda esa solidaridad es cuantificable, pero seguramente la foto será distinta a la de períodos anteriores.

El tercer sector, formado por fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, receptor y canalizador junto al Estado de muchas de esas donaciones, está viviendo estos días una situación agridulce. Por un lado, debe gestionar la incertidumbre común a las pequeñas y medianas empresas, cuyas consecuencias pueden ser: posible reducción de las donaciones de personas afectadas económicamente, reducción de las aportaciones de empresas que suspenden sus dividendos, interrupción de contratos o subvenciones públicas o cancelación de actividades, entre otras.

Al mismo tiempo, debe preservar la atención a sus beneficiarios, lidiando con la falta de claridad en la definición de los servicios esenciales en un sector en el que prima la atención directa a las personas. En primer lugar, haciendo frente al incremento de la brecha digital, educativa, cultural y social. En segundo lugar, luchando, al igual que el sector empresarial y el público, con la falta de medios y productos sanitarios esenciales en residencias, hospitales o centros de distinto tipo. Y, en tercer lugar, manteniendo el empleo. En la crisis del 2008, el sector fundacional, lejos de destruir empleo, lo mantuvo y lo incrementó. En resumidas cuentas: afrontando la emergencia social.

Por otro lado, algunas organizaciones deben gestionar el incremento de donantes y donaciones. Muchas de las organizaciones del tercer sector son especialistas en gestionar crisis humanitarias, y su valor se está poniendo de manifiesto estos días. Estas organizaciones conocen bien las dificultades o las piedras en el camino para canalizar la solidaridad, dificultades que está viendo estos días la opinión pública. Saben mejor que nadie que esta gestión, sin negar el papel esencial del Estado en una situación de alarma y las facultades que ello le otorga, no es posible sin la colaboración de los tres sectores: público, empresarial y no lucrativo. Se incrementan las donaciones dinerarias pero también, y mucho, las donaciones en especie: empresas que compran bienes básicos para donar, fábricas o pequeños talleres que elaboran productos para ser donados, servicios logísticos gratuitos, servicios profesionales y un sinfín de esas formas de solidaridad a las que estamos asistiendo.

Por último, el tercer sector está haciendo lo que hacía antes de esta crisis: atender necesidades y crear riqueza social, educativa o cultural, en el marco que los poderes públicos le han otorgado. El reto está también en el día después: es necesario fortalecer al sector fundacional para que siga desempeñando su papel, y en ese reto la filantropía sigue teniendo su lugar.

No es momento de hablar del marco regulatorio. Cuando salgamos de esta situación se podrán retomar muchos debates. Pero quizá algunas de las tradicionales reivindicaciones del sector podrán entenderse mejor en el contexto actual, en el cual la solidaridad, y con ella la filantropía, se ha convertido en un deber más que en un derecho. Cicerón trataba la «liberalidad» en su obra Sobre los deberes, y así lo está asumiendo parte de la sociedad, la cual trabaja en paralelo a la labor de los gestores públicos.

Por Isabel Peñalosa Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica en la Asociación Española de Fundaciones

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