Más tiempo para las pequeñas empresas y los autónomos


Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinario que se celebró el pasado domingo para endurecer el confinamiento de la población española con la prohibición de las actividades económicas no esenciales en aras de frenar la curva de contagios, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue bastante explícita al señalar que el Ejecutivo no tiene previsto adoptar de momento ninguna medida nueva en relación con las obligaciones tributarias. Y ello, pese a las peticiones que le han cursado desde distintos ámbitos para que posponga o amplíe los plazos de presentación de impuestos, limitándose a indicar que se facilitará la presentación por medios telemáticos.

En cualquier caso, Hacienda -conforme se vayan presentando efectivamente las declaraciones- debería valorar ampliar el plazo del 1 de abril al 20 de mayo para la declaración del primer trimestre del IVA, Retenciones a cuenta y pagos fraccionados del IRPF de los autónomos, así como los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, exclusivamente para la modalidad opcional en función de la base imponible del ejercicio de las pequeñas empresas con volumen de negocio inferior a seis millones de euros y no incluidas en el Registro de devoluciones mensuales, ni a las voluntariamente adheridas al suministro inmediato de información de las facturas de IVA.

Esta medida, que ayudaría tanto a los autónomos como a los pequeños empresarios a hacer frente a sus obligaciones tributarias, cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que entre las actividades esenciales no se cita, expresamente la asesoría fiscal, tal y como refleja el decreto ley que entró en vigor el mismo lunes. Y ello, aún cuando la mayoría de los grandes despachos puedan teletrabajar, y teniendo en cuenta que las nuevas restricciones afectan a los trabajadores de las empresas, pero no a los autónomos que las regenten.

De esta manera, ampliar al 20 de mayo el plazo para que las pequeñas compañías y los trabajadores por cuenta propia puedan presentar sus impuestos, en vez de trasladar el inicio del plazo, del 1 de abril a una fecha posterior, tendría la ventaja de:

1.- Posibilitar la presentación de declaraciones dentro del plazo inicial contando con la posibilidad del teletrabajo por algunos despachos de asesoría fiscal o directamente por los autónomos y pequeñas empresas.

2. Poder declarar y autoliquidar hasta el 20 de abril apelando a la responsabilidad de estos contribuyentes con el país, siempre y cuando sus circunstancias económicas se lo permitan.

3.- Dilatar el plazo de presentación también permitiría abrir un tiempo para modificar la orden de módulos para el 2020, reduciendo el rendimiento neto de la actividad económica de los empresarios del régimen de módulos en el IRPF y régimen simplificado en el IVA por el tiempo de cierre efectivo de sus negocios motivados por la crisis sanitaria. Sin embargo, la ampliación del plazo no afectaría a las obligaciones tributarias de las grandes empresas, cuyos plazos finalizan los días 20 y el 30 de abril, debido a su mayor músculo financiero y a la necesidad de que España recaude unos 20.900 millones, aunque la cantidad este mes será sustancialmente inferior como consecuencia de la parálisis casi generalizada y de que muchos pequeños negocios aplazarán los pagos.

Sea como fuere, la verdadera constatación de si este escenario se cumple o no se irá viendo según se vayan presentando esas declaraciones. Y será ahí, en ese preciso momento, a la vista del ritmo de presentación de las declaraciones y su comparación con períodos anteriores, cuando haya que tomar la decisión de ampliar los plazos. Quizás no quede otra.

Por Carlos Cruzado Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

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