La moratoria fiscal es prioritaria durante el ciclo coronavirus


En esta coyuntura crítica, es una buena opción reducir (o aplazar) el esfuerzo fiscal a las empresas? No cabe duda de que:

1.- La reducción (incluso el mero aplazamiento) del esfuerzo fiscal (y no la presión fiscal, que mide los ingresos fiscales sobre el PIB, en lugar de medir el coste fiscal de cada contribuyente en relación con sus ingresos), para algunas empresas que están al límite, es lisa y llanamente una cuestión de supervivencia. El cierre, como es obvio, significa mutilar el tejido productivo y la inversión, a la vez que castigar a la maltrecha Seguridad Social, que tendrá que retribuir a los nuevos desempleados.

2.- Elevará sus ratios de liquidez y solvencia, lo cual multiplicará sus opciones de acceder al mercado de crédito, de conservar sus líneas de descuento y de conseguir avales y garantías.

3.- También reducirá las posibilidades de que la empresa incumpla contratos de suministro y/o prestación de servicios, frecuentemente avalados con garantías que podrían ser ejecutadas.

4.- Suavizará la pérdida de competitividad de las empresas, particularmente de las que desarrollan su actividad en el exterior, mercados especialmente volátiles por su agresividad y competitividad.

¿Qué problemas puede generar la suspensión del pago de impuestos para las empresas? Una caída de la recaudación fiscal afecta negativamente a los ingresos de la nación, de modo que sus necesidades, particularmente las sobrevenidas ex coronavirus, tendrán que costearse echando mano de la deuda pública.

¿Es posible elevar el endeudamiento en este momento en España? Desde un punto de vista jurídico-presupuestario sí lo es, habida cuenta de que la Unión Europea ha suspendido los límites impuestos a la regla del gasto, al déficit público y a la deuda pública.

Desde un punto de vista financiero, solo pueden suspenderse/aplazarse las obligaciones fiscales tras un meditado plan estratégico de sostenibilidad del tejido empresarial y crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. Todos sabemos que el endeudamiento a medio y largo plazo para costear gastos corrientes (y lo son el salario mínimo/de cobertura, prestaciones por desempleo o por ERTE, pensiones, etcétera) se llama quiebra. Dejaría de llamarse así si el endeudamiento fuese acompañado de un plan estratégico con estas coordenadas:

1.- Eliminar el gasto público no productivo.

2.- Cambiar la política de avales ofrecida por el Gobierno. En este momento tan grave de parálisis de la actividad productiva, a la pyme no le basta con que el Estado avale sus préstamos. Las empresas no necesitan tanto avales como liquidez sin recurso, o sea, sin riesgo frente al impago. Las atenciones de liquidez bancaria en favor de las empresas, cubiertas con líneas sin recurso garantizadas por el Estado, sí han funcionado en otros países.

3.- Reducción y aplazamiento del esfuerzo fiscal que sufren las empresas.

Sería bueno que las autoridades económicas no jugaran este partido pensando donde la pelota está sino donde va a estar. La frase «saldremos de esta» es un mal tópico. Claro que saldremos, el problema es cómo. La frase deseable es «sabemos salir de esta», y solo será cierto, a nuestro modo de ver, si el Estado activa políticas contracíclicas en los términos propuestos.

Por Miguel Caamaño Catedrático de Derecho Financiero. CCS Abogados

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