Una vez más, la improvisación. Después de que varias comunidades pidieran al Gobierno un endurecimiento de las condiciones del estado de alarma (Cataluña lo llevaba exigiendo desde que se declaró el foco de Igualada, a mediados de marzo, y el presidente de Murcia lo hizo el pasado día 20), y que el Ejecutivo de Sánchez considerara que no era necesario, ahora, entre una y dos semanas más tarde, el presidente echa el cierre a todo el país.
La medida llega acompañada de un permiso retribuido para todos los trabajadores «no esenciales» -¿incluirá a los miembros del Gobierno?-, y uno se pregunta quién va a pagar la factura de todo esto, porque Europa parece que no está por la labor. Veremos también si no se produce desabastecimiento en los supermercados, porque ya solo nos falta acabar con una cartilla de racionamiento para hacer realidad el símil de «guerra» con que nos arengan cada día.
Sin embargo, quizá no todo obedece a una falta de cálculo, sino más bien lo contrario. Las cifras ofrecidas en las últimas ruedas de prensa por Fernando Simón dejan entrever que la curva de contagios se está aplanando: el número de infectados en las últimas 24 horas es menor al del día anterior, y si esto sigue así significa que -pese a que los totales de casos confirmados y fallecidos sigan aumentando- en diez días podría ratificarse la evolución positiva y vislumbrarse luz al final del túnel. Entonces, Sánchez aparecería como el hábil estratega cuya decisión y arrojo permitieron escalar el pico de la epidemia e iniciar el descenso al campo base.
No lo duden: si hay alguien que estos días no necesita escuchar Resistiré es el inquilino de la Moncloa.