La metáfora de la guerra contra el COVID-19, cansina ya a fuerza de una repetición que cruza en ocasiones la frontera de lo cursi, tiene sin embargo una parte indiscutible de verdad: y es que, como sucede tras el estallido de una guerra, la que libramos contra el coronavirus ha sacado de un plumazo de nuestra agenda pública problemas que hace nada parecían los únicos verdaderamente relevantes. ¿Se acuerdan de la mesa de negociación entre el Gobierno y los separatistas? ¿Y de los comicios vascos y gallegos? ¿Quién retiene en su memoria el célebre Delcygate, que puso contra las cuerdas al ministro de Transportes? ¿Y quién el oportunista debate sobre el campeonato español de feminismo? De pronto todo eso parece que sucedió hace un millón de años en España, cuando podíamos pasear por la calle, tomar un café con los amigos o no estar todo el día pendientes del desinfectante de manos y del jabón.
Pero las guerras, además de trastocar todas las prioridades personales y sociales, no dejan títere con cabeza en la economía y la política. Y también en esto se parecen a la que libramos contra un enemigo no por invisible menos peligroso. Antes del asumir que la única urgencia nacional era vencer al COVID-19 para evitar que su extensión colapse, con efectos devastadores, nuestro sistema sanitario, y su duración cause estragos irreparable en la economía, esta y la política españolas se movían en unos parámetros que, de la noche a la mañana, han cambiado por completo.
En el ámbito económico, la ensoñación del llamado presupuesto social que unía en un solo corazón a Pedro y Pablo se ha ido a hacer puñetas. De hecho, la profunda discrepancia entre el PSOE y Podemos que, incomprensiblemente, retrasó la adopción de las medidas para luchar contra la crisis provocada por la epidemia no constituye más que un adelanto de la que vendrá cuando haya que elaborar un nuevo proyecto presupuestario para la reconstrucción nacional que sustituya al que se ha quedado más viejo que Matusalén. Al presentar tales medidas al Congreso, el presidente del Gobierno aprovechaba para arrimar el ascua a su sardina y urgir la aprobación de la ley de Presupuestos.
El presidente tiene razón, claro está, cuando insiste en esa urgencia, pero habrá de decidir si se propone aprobar los presupuestos, ya proyectados, con Podemos, ERC, Bildu y el PNV -es decir, con quienes lo llevaron y lo mantienen en la Moncloa- o dar un giro radical, para alcanzar el acuerdo realista con el PP y con Ciudadanos que la España post COVID-19 va a necesitar. Una opción que será económica, sin duda, pero que tendrá también una repercusión política indudable. Y es que resulta muy difícilmente imaginable aprobar los Presupuestos con la oposición y seguir al mismo tiempo manteniendo la coalición de gobierno con Podemos, que antes de ayer participaba en una cacerolada contra el rey mientras Felipe VI pedía unidad a los españoles para luchar juntos contra el sinuoso enemigo que hoy amenaza nuestra vida y nuestra hacienda.