Respuesta contundente y bien enfocada para mantener las constantes vitales de la economía. La contundencia la reflejan las cifras: la mayor movilización de recursos de la historia democrática. Más de 200.000 millones de euros, 135.000 millones del erario público si sumamos los dos paquetes de medidas aprobadas. Para hacernos una idea: más de la cuarta parte del gasto público anual como fuerza de choque. Y es que, como acaba de recordar Olivier Blanchard en L’Express, en una economía de guerra no se escatiman gastos.
Cierto. Pero el esfuerzo de guerra, que descalabrará nuestras cuentas públicas, exige emplear con eficacia esa colosal masa de dinero que no tenemos. Y establecer un orden de prioridades. Ante todo está el equipamiento y la protección de los soldados expuestos en primera línea de fuego: caño abierto al gasto sanitario y farmacéutico. Cuando la vida está en juego, no me vengan con la cantinela de que nos arruinaremos por intentar preservarla: tal vez sea así, pero de eso ya hablaremos si sobrevivimos. Después necesitamos amparar a los colectivos más vulnerables, los más propensos a contraer el coronavirus económico. ¿Podemos permitirnos, cuando todos estamos recluidos en casa como medida profiláctica, que alguien sea desahuciado de su vivienda?
El Gobierno acierta de lleno en el tercer punto, en su plan para evitar la destrucción del tejido productivo. Porque esta crisis es distinta a las precedentes. La plaga será temporal, mes arriba o mes abajo, y el sistema, a diferencia del 2008, estaba sano y funcionando cuando llegaron los microbios. La demanda, salvo la de alimentación y servicios sanitarios, está paralizada por decreto, no por falta de poder adquisitivo. Las viejas recetas, neoliberales o keynesianas, no sirven. Ni apretarnos el cinturón ni propulsar la demanda. Sería un derroche absurdo: el grupo PSA no fabricará más coches, aunque subvencionemos la compra, si no podemos circular con ellos. Tampoco entrará un turista mientras el bicho ande suelto y las fronteras permanezcan cerradas. Ni yo reanudaré la visita a mi café habitual por más que me rebajen el IRPF.
En esas condiciones, el Gobierno hizo lo que cualquier ama de casa sensata: congelar el pan antes de que se pudra. Decretó el estado de hibernación del sistema productivo. Productores y consumidores en cuarentena. Y atribuyó al Estado la costosa tarea de mantener la maquinaria a punto para que vuelva a funcionar tras el deshielo. En esa dirección van las medidas. Liquidez a las empresas cuyos ingresos se desploman, pero han de seguir abonando salarios, reembolsando préstamos y pagando alquileres. Recortes de jornada o suspensiones transitorias de empleo, con subsidio garantizado, para evitar los despidos. Y atención especial y doble a los autónomos por su condición mixta de empresarios y trabajadores.
Con la descongelación, dice el Gobierno, vendrá un presupuesto de reconstrucción. A lo que solo objeto el nombre: si se evita la destrucción, los presupuestos serán de reactivación.